- Se adquirieron 12 togas para ministros con precios de hasta 24 mil pesos cada una
- La compra se realizó mediante dos adjudicaciones directas en 2025
- El gasto se da en medio del debate público sobre austeridad en la Corte
Compra de vestimenta oficial para sesiones
La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó en julio de 2025 la adquisición de 12 togas para ministros, con un costo total de 294 mil 547 pesos, de acuerdo con contratos administrativos disponibles en registros oficiales.
Del total de prendas adquiridas, seis están destinadas a sesiones ordinarias y seis a sesiones extraordinarias, con un precio unitario que oscila entre 22 mil y 24 mil pesos.
Ministros beneficiados y exclusiones
Las togas fueron compradas para los ministros Hugo Aguilar Ortiz, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.
En contraste, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf no fueron consideradas en esta compra, debido a que ya contaban con vestimenta oficial desde la integración de la Corte anterior.
Adjudicaciones y características del contrato
La adquisición se llevó a cabo mediante dos adjudicaciones directas: una por 134 mil 467 pesos y otra por 160 mil 80 pesos. En los contratos se especifica que las togas serían elaboradas a la medida de cada ministro.
“Las tallas serán personalizadas, por lo que resulta necesario tomar medidas a cada una. La fecha de toma de muestra será determinada por la administradora del contrato, posterior a la fecha de adjudicación”, se detalla en uno de los documentos.
Nuevo foco de escrutinio público
El gasto en vestimenta oficial se suma a otras erogaciones recientes de la nueva integración de la Corte que han generado cuestionamientos ciudadanos, particularmente en el contexto del debate sobre austeridad, transparencia y uso de recursos públicos en el Poder Judicial.
Hasta el momento, el máximo tribunal no ha emitido una postura pública específica sobre esta compra, que continúa alimentando la discusión sobre los criterios de gasto en la nueva etapa de la SCJN.
