- La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
- La ley fija penas de 15 a 25 años, que pueden aumentar hasta 42 con 34 agravantes.
- El delito se perseguirá de oficio y se permitirán denuncias anónimas mediante el 089.
Nueva legislación federal contra la extorsión
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la nueva ley que establece un tipo penal uniforme para combatir la extorsión en todo el país. La votación fue de 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención; posteriormente, la minuta fue avalada por unanimidad con las modificaciones del Senado. La legislación fija una pena base de 15 a 25 años y multas de 300 a 500 UMA.
Agravantes que elevan la pena hasta 42 años
La norma contempla 34 agravantes organizadas en distintos niveles. Entre ellas están el cobro de piso, extorsión a candidatos, casos con violencia, participación de servidores públicos, uso de armas, afectación económica grave, víctimas menores de edad o migrantes y fraudes como “montachoques”. Cuando se confirma una agravante, las sanciones pueden alcanzar los 42 años de cárcel.
Mayor responsabilidad para funcionarios
La ley también refuerza las sanciones contra servidores públicos que encubran, faciliten o ignoren actos de extorsión. Quienes omitan denunciar este delito podrán recibir entre 10 y 20 años de prisión, mientras que quienes participen o lo permitan enfrentarán penas de 15 a 25 años. El Senado eliminó la propuesta previa que reducía castigos a funcionarios.
Investigación de oficio y denuncias anónimas
A partir de esta ley, la extorsión se investigará de oficio sin necesidad de una denuncia directa. Además, se permitirá reportar casos de manera anónima a través del 089. La autoridad podrá utilizar técnicas especiales de investigación, como la intervención de comunicaciones con autorización judicial. También se limitan beneficios preliberacionales para quienes sean sentenciados por este delito.
Reglas estrictas para centros penitenciarios
La normativa obliga a los penales a bloquear señales y dispositivos electrónicos. Los reclusos que utilicen celulares enfrentarán de seis a 12 años de cárcel, sanción que también se aplicará al personal del sistema penitenciario que facilite su ingreso.
Nuevo Centro de Atención a Denuncias de Extorsión
La ley ordena la creación de un Centro de Atención a Denuncias de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Deberá comenzar a operar en un máximo de 180 días y tendrá la función de recibir reportes y coordinar acciones nacionales.
Ajustes y armonización en los estados
Los congresos locales cuentan con 180 días para ajustar sus leyes y adoptar la nueva definición federal de extorsión. Además, se permitirá a los jueces revisar sentencias previas conforme a las nuevas disposiciones. El Senado incorporó ajustes en materia de derechos humanos, perspectiva de género y claridad de conductas sancionadas.
Extorsión en aumento
Durante el debate, legisladores destacaron que la extorsión es el único delito que no ha disminuido durante la administración de Claudia Sheinbaum. En el primer semestre del año se registraron 5,887 víctimas, un aumento anual de 7%, convirtiendo a 2025 en el año con más casos documentados hasta ahora.
