- Una jueza vinculó a proceso a Yahleel “N” por presunto uso indebido de atribuciones y facultades.
- Aunque se le impuso prisión preventiva justificada, un amparo federal evita que sea detenida.
- La defensa solicitó ampliar el plazo para presentar pruebas y la audiencia continuará el 1 de julio.
Jueza vincula a proceso a exfuncionaria del gobierno de Cabeza de Vaca
Una jueza de control resolvió vincular a proceso a Yahleel “N”, quien se desempeñó como secretaria de Bienestar Social durante la administración del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adquisición de despensas, operaciones que, de acuerdo con las autoridades, habrían ocasionado un daño patrimonial de aproximadamente 985 millones de pesos.
La audiencia inicial se llevó a cabo en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria y se extendió por más de ocho horas, tiempo durante el cual el Ministerio Público expuso los elementos contenidos en la carpeta de investigación 733/2025 y la defensa presentó sus argumentos.
Permanecerá en libertad mientras avanza el proceso
Como parte de las medidas cautelares, la jueza ordenó prisión preventiva justificada; sin embargo, esta no podrá ejecutarse debido a que la exfuncionaria cuenta con un amparo federal vigente que impide su detención.
Asimismo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional con el propósito de presentar más pruebas a favor de la imputada, por lo que la audiencia fue diferida y continuará el próximo 1 de julio a las 13:00 horas.
Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratos de despensas
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Yahleel “N” habría participado en actos relacionados con la contratación para la compra de despensas durante su gestión al frente de la Secretaría de Bienestar Social, hechos que presuntamente generaron un quebranto patrimonial cercano a los 985 millones de pesos.
Con este caso, la exfuncionaria se convierte en la segunda integrante del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca que enfrenta un proceso penal, después del exsecretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, quien también fue procesado por presunto desvío de recursos.
La exsecretaria niega las acusaciones y habla de persecución política
Durante el desarrollo de la audiencia, Yahleel “N” aseguró que las investigaciones en su contra obedecen a una presunta persecución política. No obstante, las autoridades rechazaron esa versión y afirmaron que existen elementos suficientes para sustentar el proceso penal.
Al concluir la diligencia, la exfuncionaria agradeció la presencia de los medios de comunicación y aseguró que está acostumbrada a enfrentar este tipo de situaciones.
“Muchas gracias por estar al pendiente; ya estoy acostumbrada a jornadas de trabajo duras. Esta es la tercera ocasión que venimos, es la tercera ocasión que estamos aquí. Es parte de lo que nos toca vivir a las mujeres que estamos inmersas en la política; no es nuevo para mí”, declaró.
Lanza reto público para desmentir los señalamientos
Horas después de la audiencia, Yahleel “N” publicó un mensaje en redes sociales en el que desafió públicamente a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos a demostrar que durante su gestión se adjudicaron contratos por casi 986 millones de pesos para la compra de despensas.
“A quien demuestre que durante el tiempo que YO ocupé el cargo de secretaria se adjudicaron casi 986 millones de pesos en contratos de despensas, y al que demuestre que la denuncia que tengo es, según, por presunto desvío, desfalco, mal uso o desaparición de ese presupuesto público, y a quien demuestre que obtuve beneficios de ello, le regalaré un automóvil nuevo y me retiro de la política”, escribió.
La exsecretaria también sostuvo que las responsabilidades de su cargo no incluían la autorización de licitaciones, pagos o el manejo de recursos públicos.
“Yo no contaba. Yo no licitaba. Yo no autorizaba pagos. Yo no administraba ni manejaba dinero público. Esas no eran facultades del cargo que desempeñé”.
Finalmente, afirmó que es incorrecto atribuirle decisiones que legalmente correspondían a otras instancias y sumar montos de periodos en los que ya no ocupaba el cargo.
