- Especialistas en derecho constitucional señalaron que Claudia Sheinbaum no tiene facultades para exonerar o determinar la responsabilidad penal de Andy López Beltrán.
- Los abogados recordaron que la investigación de posibles delitos corresponde al Ministerio Público, mientras que la determinación de culpabilidad corresponde a los tribunales.
- Sheinbaum reiteró que no existe una investigación en México contra López Beltrán por huachicol fiscal y sostuvo que la revocación de su visa estadounidense es un asunto político.
Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, generaron cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional, quienes señalaron que la titular del Ejecutivo federal no tiene atribuciones para determinar si una persona está involucrada o no en un posible delito.
El debate surgió después de que Sheinbaum afirmó que López Beltrán no está relacionado con el llamado huachicol fiscal y calificó como un asunto político la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa.
Constitucionalistas consultados por EL UNIVERSAL señalaron que la Presidencia de la República no tiene acceso al contenido reservado de una carpeta de investigación ni puede sustituir las funciones de la Fiscalía General de la República (FGR) o de un juez.
Especialistas cuestionan que la Presidencia determine responsabilidades penales
Rafael Estrada Michel, doctor en Derecho Constitucional, explicó que la presidenta no es agente del Ministerio Público ni integrante del Poder Judicial, por lo que no corresponde a su cargo investigar delitos, determinar responsabilidades penales o emitir una absolución.
El especialista recordó que el gobierno federal debe actuar dentro de las facultades que expresamente le otorga la Constitución.
De acuerdo con su análisis, la investigación de posibles delitos corresponde a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, mientras que la determinación de responsabilidad penal corresponde a los órganos jurisdiccionales.
Estrada Michel también cuestionó que la Fiscalía se pronuncie de manera anticipada para descartar responsabilidades si todavía no existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal.
Explicó que la ausencia de datos de prueba suficientes para iniciar una carpeta no equivale necesariamente a una declaración de inocencia ni implica que una persona haya sido formalmente exonerada.
La presunción de inocencia no equivale a una absolución presidencial
Francisco Burgoa Perea, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que las declaraciones de la presidenta plantean un problema relacionado con la división de competencias entre las instituciones del Estado.
El especialista señaló que debe distinguirse entre el derecho de toda persona a ser considerada inocente mientras no exista una sentencia que establezca su responsabilidad y la facultad de las autoridades para investigar posibles delitos.
Recordó que el artículo 21 constitucional establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.
También destacó que la división de poderes establecida en el artículo 49 de la Constitución impide que una autoridad asuma funciones que corresponden a otra institución.
En ese sentido, consideró que la Presidencia no puede convertirse en una instancia de procuración de justicia ni en un tribunal penal.
“A la Presidenta no le corresponde exonerar a nadie”
Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista y politólogo, coincidió en que jurídicamente la presidenta no tiene facultades para exonerar a una persona.
El especialista consideró que los señalamientos relacionados con López Beltrán son suficientemente relevantes para que, en caso de existir elementos, sean investigados por la autoridad competente.
La FGR es la institución encargada de determinar si existen elementos que justifiquen el inicio de una investigación penal y, posteriormente, corresponde a los tribunales resolver sobre la responsabilidad de una persona.
Por ello, los especialistas consideraron que las declaraciones políticas de la presidenta no sustituyen los procedimientos previstos en la legislación mexicana.
FGR niega tener elementos para investigar a Andy López Beltrán
La polémica aumentó después de que la Fiscalía General de la República informó que el Ministerio Público de la Federación no contaba con datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal.
Sheinbaum retomó esa información para sostener que no existe una investigación en México contra el hijo del expresidente relacionada con ese delito.
Sin embargo, los abogados consultados señalaron que una cosa es informar que no existen elementos suficientes para iniciar una investigación y otra distinta es determinar que una persona no cometió un delito.
La diferencia resulta relevante porque una eventual investigación requiere elementos que permitan justificar legalmente su apertura, mientras que una declaración de responsabilidad penal únicamente puede derivar del procedimiento correspondiente y de una resolución judicial.
Sheinbaum sostiene que el retiro de visa es un asunto político
La presidenta ha señalado en distintas ocasiones que la revocación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán constituye un asunto político y no una determinación judicial.
También ha cuestionado que Estados Unidos tome decisiones de este tipo sin proporcionar información al gobierno mexicano y ha considerado que cualquier investigación sobre posibles delitos cometidos en México corresponde a las autoridades nacionales.
Sheinbaum ha reiterado que México no ha recibido información oficial de Estados Unidos que relacione la cancelación de la visa con una investigación por huachicol fiscal.
La mandataria también ha señalado que la relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de cooperación y respeto a la soberanía.
Xóchitl Gálvez acusa a Sheinbaum de “adelantar perdón”
La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez cuestionó las declaraciones de Sheinbaum y la acusó de asumir funciones que corresponden a las autoridades ministeriales y judiciales.
A través de redes sociales, Gálvez afirmó que la presidenta se habría adelantado a exonerar a López Beltrán y sostuvo que debería existir una investigación si hay señalamientos relacionados con posibles delitos.
La exsenadora también cuestionó lo que consideró un trato distinto frente a casos que involucran a figuras de oposición.
Sus declaraciones se sumaron a las críticas de otros actores políticos que han exigido que cualquier señalamiento relacionado con el huachicol fiscal sea investigado por las autoridades correspondientes, independientemente de la identidad de las personas involucradas.
Sheinbaum da por cerrado el tema de la visa
Este miércoles, durante su conferencia matutina, Sheinbaum evitó profundizar nuevamente sobre la cancelación de la visa de López Beltrán.
Ante preguntas sobre si la medida podría tener como objetivo afectar al expresidente López Obrador, la presidenta respondió que ya había expresado su postura en conferencias anteriores.
“No voy a hablar, ya hablé, ya dije mis opiniones. He hablado como tres veces aquí en la mañanera”, afirmó.
Cuando se le preguntó si consideraba cerrado el tema, respondió: “Sí, ya di mi opinión”.
La mandataria reiteró que mantiene la postura de que se trata de un asunto político y electoral.
El gobierno mantiene postura contra el huachicol fiscal
En medio de la controversia, Sheinbaum ha destacado las acciones emprendidas por su administración para combatir el contrabando de combustibles.
Entre las medidas mencionadas se encuentran el fortalecimiento del monitoreo aduanero y las investigaciones y detenciones de personas presuntamente relacionadas con redes de huachicol fiscal.
La presidenta también ha pedido a la FGR transparentar las acciones realizadas contra este delito.
De esta manera, el caso de Andy López Beltrán permanece en el ámbito político mientras especialistas insisten en que cualquier posible responsabilidad penal debe ser determinada exclusivamente mediante las instituciones y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes.
