Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano
En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.
Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.
Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.
Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.
Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:
Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
Enriquecimiento ilícito,
Uso indebido de atribuciones y facultades
Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.
Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.
Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.
Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024:
En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.
La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones, moviéndose con una soltura que rozaba la provocación.
Duarte se sentía intocable, acosando periodistas y prensa. Creía que, independientemente de la historia judicial que arrastraba, su figura todavía podía sobrevivir en el ecosistema político. Lo que no sabía era que su libertad condicional estaba a punto de convertirse en un símbolo para la nueva administración federal.
La decisión de la Fiscalía General de la República de detener nuevamente al exgobernador no se explica sin dos cambios institucionales recientes: La llegada de Ernestina Godoy a la FGR, junto al nuevo discurso de la presidenta de México, que exige una Fiscalía sin acuerdos en lo oscurito ni pactos de impunidad.
La orden vino acompañada de la solicitud formal para recluirlo en el penal de El Altiplano, donde han estado figuras como El Chapo, Caro Quintero y otros reos de alta peligrosidad. Para algunos analistas, colocar a Duarte en esa categoría es un exceso; para otros, un mensaje: la FGR quiere dejar claro que no habrá privilegios, para quienes abusaron del erario, sin importar filiación política.
Esta detención, además, abre más preguntas que respuestas. Duarte pagó cerca de 4 años de prisión: 2 en Miami y 2 en Chihuahua. ¿Cuántos más podría permanecer ahora en el Altiplano? Hoy se habla de hasta 22 años, según el Código Penal Federal.
¿Quiénes más caerán tras la aprehensión de Duarte? La pregunta es incómoda porque sus expedientes no se limitan a su administración: alcanzan a exalcaldes, exdiputados, empresarios, operadores financieros y funcionarios federales. La nueva FGR tendrá que probar si este movimiento es un verdadero golpe simbólico de justicia contra un ex gobernador corrupto y el comienzo así, de una fiscalía lejana de la justicia selectiva de siempre…
