• Autoridades de Estados Unidos acusan a 10 funcionarios y exfuncionarios por tráfico de drogas y uso de armas
• Entre los implicados están el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza
• Las penas contempladas incluyen cadena perpetua o un mínimo de 40 años de prisión
El gobierno de Estados Unidos formalizó acusaciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, a quienes vincula con delitos de narcotráfico, posesión de armamento de alto poder y presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Las imputaciones fueron presentadas por el Departamento de Justicia en una corte federal de Nueva York y contemplan penas que podrían alcanzar la cadena perpetua. Entre los señalados se encuentran autoridades en funciones, así como exmandos de seguridad y exintegrantes del aparato gubernamental estatal.
Funcionarios implicados y cargos que enfrentan
De acuerdo con la acusación, todos los involucrados enfrentan cargos por conspiración para importar drogas a Estados Unidos, así como por posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Los señalados son:
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
Enrique Inzunza Cázarez, senador
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación
Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exmando policial
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector policial
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante
En el caso de Juan Valenzuela Millán, las acusaciones incluyen secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer este delito, lo que implica una condena obligatoria de cadena perpetua.
Presuntos acuerdos con el crimen organizado durante el proceso electoral
La investigación estadounidense sostiene que, durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa, algunos de los implicados habrían establecido contacto con líderes de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”.
Según la acusación, se habrían realizado reuniones en las que se ofreció apoyo para asegurar el triunfo electoral de Rubén Rocha Moya. A cambio, se plantea que existiría el compromiso de facilitar el control de instituciones de seguridad y permitir operaciones ilícitas sin intervención de las autoridades estatales.
También se menciona la presunta elaboración de listas con datos de adversarios políticos, utilizadas para intimidar, secuestrar o presionar a oponentes durante el proceso electoral. Además, se documentan actos como robo de urnas, amenazas a votantes y presencia de grupos armados en casillas.
Tensión política tras las acusaciones
El caso generó confrontaciones en el Congreso de la Unión durante la instalación de la Comisión Permanente. Legisladores de Morena y de la oposición protagonizaron un enfrentamiento luego de que se intentara impedir la discusión del tema en tribuna.
Desde la oposición se aseguró que existen solicitudes de detención con fines de extradición, mientras que legisladores oficialistas evitaron profundizar en el debate.
Respuesta de Enrique Inzunza y su salida del Senado
Tras la difusión de las acusaciones, el senador Enrique Inzunza participó en actividades internas en el Senado, pero posteriormente abandonó el recinto y no asistió a la sesión del pleno.
Más tarde, mediante redes sociales, rechazó los señalamientos y los calificó como “falsos y dolosos”. Afirmó que las acusaciones tienen un trasfondo político y negó cualquier relación con actividades ilícitas.
El legislador también señaló que se le estigmatiza por su origen en Badiraguato, Sinaloa, y defendió su trayectoria personal y profesional.
Proceso de extradición y revisión en México
La Fiscalía General de la República confirmó que recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Estas serán analizadas conforme a los procedimientos legales vigentes.
La institución informó que iniciará una investigación para determinar si existen elementos probatorios suficientes que respalden las acusaciones. También precisó que, hasta el momento, las solicitudes no incluyen evidencia concluyente.
En los casos de funcionarios con fuero, como el gobernador y el senador, será necesario un proceso legislativo previo para retirar la inmunidad antes de proceder legalmente.
Antecedentes y contexto del caso
Las acusaciones se suman a señalamientos previos sobre posibles vínculos entre autoridades de Sinaloa y grupos delictivos, así como a investigaciones relacionadas con filtraciones dentro de corporaciones de seguridad.
El contexto se desarrolla en medio de una situación de violencia en el estado, marcada por disputas internas dentro del Cártel de Sinaloa, lo que ha mantenido bajo presión a las instituciones locales.
