El ajuste 25% por encima del mercado busca compensar el impacto de la sobreoferta internacional del grano
La conferencia encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, no solo dio luz sobre lo que hay detrás de las recientes movilizaciones de productores y transportistas, sino que también buscó mostrar que sí hay acuerdos, inversión y política pública respaldando las decisiones. Si bien existen causas legítimas detrás del descontento como campesinos asesinados o desplazados, rutas controladas por el crimen y familias productoras que operan bajo amenaza permanente, también hay respuestas institucionales que deben evaluarse con seriedad.
Julio Berdegué defendió con cifras lo que llamó “acciones estructurales”. Uno de los puntos clave fue el acuerdo con productores del Bajío para elevar el precio del maíz, que pasó de los 4,200 pesos a más de 6,000 por tonelada.
El ajuste 25% por encima del mercado busca compensar el impacto de la sobreoferta internacional del grano. Además, la dependencia intervino positivamente en las negociaciones entre productores y harineras como Gruma y Minsa.
En el caso del azúcar, la publicación reciente de un arancel que restringe la importación del producto fue presentada como una victoria para cañeros e ingenios, tras años de quejas por la entrada masiva de endulzantes extranjeros que, según organizaciones del sector, deprimían precios y desplazaban producción nacional.
En palabras del propio Berdegué, se trata de “cientos de millones de pesos” que se quedarán en manos de los productores mexicanos.
Más allá del maíz y el azúcar, la Sader planteó una narrativa de política integral. Se habló del Plan Frijol en Zacatecas, Durango y Nayarit con 700 millones de pesos; del Plan Campeche, que busca elevar la producción de leche, carne y arroz con una inversión superior a los mil millones; y de la estrategia nacional de leche a precio subsidiado que pretende llegar a 10 millones de familias para 2028, comprando a precios de garantía a productores nacionales.
Sin duda, la política agroalimentaria debe evaluarse en función de su sostenibilidad, impacto en la productividad y capacidad para reducir la dependencia de importaciones. Ahí es donde las promesas del Plan de Bienestar y los subsidios como fertilizante gratuito, Bienpesca o Producción para el Bienestar tendrán que ser evaluadas con lupa.
La movilización de transportistas y campesinos nos recuerda que la seguridad en México es un desafío político ineludible, y que el diálogo debe ser la primera ruta: escuchar a quienes sostienen la economía desde la tierra y las carreteras es la clave para construir acuerdos que protejan la vida y hagan frente, sin titubeos, al verdadero adversario del país: los intereses políticos de unos cuantos y la extorsión que arrebata vida, tranquilidad y la seguridad a las y los y ciudadanos.
Los trabajos encabezados por la secretaria Rosa Icela Rodríguez serán clave en la interlocución política y dejan en claro que el Ejecutivo busca encauzar las demandas dentro de un marco de legalidad y diálogo. Ahora, el reto estará en el seguimiento, ya que los sectores movilizados exigirán resultados verificables.
