Empresas distribuidoras de gas LP anunciaron que podrían suspender operaciones a nivel nacional durante la primera semana de junio si el gobierno federal no aprueba un aumento de 12 pesos por kilo en el precio del combustible. La advertencia fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, a quienes solicitaron abrir un canal de diálogo inmediato para evitar una crisis en el suministro.
Los representantes del sector aseguran que la situación financiera se ha vuelto insostenible debido al tope de precios que está vigente desde 2021. Según explicaron, esta regulación ha limitado severamente sus ingresos, lo que ha derivado en despidos, suspensión de servicios y el cierre gradual de varias empresas distribuidoras.
De acuerdo con su postura, la situación se agravó a comienzos de 2025 con la implementación de la “Tarifa de Distribución”, la cual redujo hasta en un 50% los márgenes de ganancia de las compañías. Esto ha impedido cubrir costos esenciales como el pago de salarios, la compra de combustible, el mantenimiento de unidades y la adquisición de insumos operativos.
Además de las limitaciones económicas, los gaseros denunciaron obstáculos administrativos como el bloqueo en la entrega de permisos, regulaciones que consideran excesivas y una política de precios que afecta directamente a los distribuidores legales, mientras se fortalece el mercado informal.
En un comunicado, el gremio acusó a la Secretaría de Energía de actuar con una postura de confrontación en lugar de fungir como autoridad reguladora:
“La Sener no se comporta como árbitro imparcial ni como promotora de legalidad. Su actitud hostil ha provocado el cierre de empresas, pérdida de empleos, fuga de inversiones y debilitamiento de la infraestructura privada, justo cuando el país necesita fortalecer el abasto de gas”, afirmaron.
El sector recordó que el gas LP es el principal energético utilizado en los hogares del país, ya que cerca del 76% de las familias mexicanas dependen de este combustible para cocinar y calentar agua. En total, más de 100 millones de personas lo utilizan de forma cotidiana.
Ante esta situación, los gaseros insistieron en la necesidad de ajustar el precio del gas LP en al menos 12 pesos por kilo para garantizar una distribución eficiente, segura y sostenible. Consideran que, sin este ajuste, muchas compañías se verán obligadas a cerrar definitivamente.
El pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la problemática y solicitó a la Secretaría de Energía atender el caso. Sin embargo, los representantes del sector señalaron que hasta el momento no han recibido ninguna convocatoria oficial para iniciar el diálogo.
Finalmente, advirtieron que, si no hay respuesta del gobierno en los próximos días, se verán forzados a iniciar un paro nacional, lo que afectaría directamente el suministro de gas en miles de comunidades y pondría en riesgo miles de empleos en todo el país.
