La gobernadora Margarita González llegó con la promesa de cambio, pero resultó igual o peor que su antecesor. Su talón de Aquiles: la inseguridad y la violencia
Ocho meses después de asumir el poder, la gobernadora Margarita González Saravia ha dejado en claro que el cambio prometido para Morelos quedó en el discurso.
Para muchos ciudadanos, el nuevo gobierno no sólo ha sido una continuación del desastre anterior encabezado por Cuauhtémoc Blanco, sino una prolongación más sofisticada del mismo vacío de autoridad.
La crisis de violencia es tan visible como asfixiante. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, Morelos encabeza la percepción de inseguridad a nivel nacional: 90.1% de su población considera que vive en un estado inseguro.
Y la estadística no miente: homicidios, extorsiones, desapariciones y balaceras forman parte del paisaje cotidiano en municipios clave como Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Yautepec.
Allí, además del crimen común, se ha instalado con comodidad el crimen organizado. Cárteles como La Familia y el Cártel Jalisco operan con tal libertad que la autoridad estatal parece una espectadora resignada.
Desde el oficialismo se argumenta que la seguridad es responsabilidad de la Federación, pero la realidad en las calles deja ver otra cosa: un gobierno local rebasado, con una procuración de justicia inexistente y sin estrategia clara para revertir el caos.
Pero el desorden no se limita a la violencia. En prácticamente todas las áreas estratégicas –economía, educación, campo, medio ambiente y rendición de cuentas–, la gestión de González patina entre la improvisación y la desconexión con el gobierno federal.
Un ejemplo: la gobernadora anunció con bombo y platillo que en 2025 aumentará el presupuesto del campo. Sin embargo, no existe coordinación con la Secretaría de Agricultura. No hay proyecto técnico, ni acompañamiento. Sólo una promesa en papel.
En el tema ambiental, la situación es igualmente crítica. Las plantas de tratamiento de aguas están en el abandono, los ríos siguen contaminados, la deforestación avanza y la escasez de agua golpea a comunidades enteras. Su programa de educación ambiental apenas ha pasado del PowerPoint a la realidad.
Tampoco hay avances en lo que fue uno de sus compromisos centrales: gobernar con transparencia. Prometió abrir las puertas del palacio, pero el acceso a la información pública se ha vuelto más opaco y selectivo.
La lucha contra la corrupción, otro eje discursivo de campaña, quedó congelada. Aunque amagó con investigar a Cuauhtémoc, finalmente optó por la comodidad del silencio.
No hubo ruptura con el pasado: Margarita se plegó al centro, alineándose a los intereses políticos de Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado a los ciudadanos que la llevaron al poder.
Mientras tanto, 90% de la población sigue viendo a las policías estatales y municipales como instituciones corruptas. Y esa percepción no ha cambiado, ni con nuevos uniformes, ni con declaraciones optimistas.
González Saravia llegó a la gubernatura con la promesa de una nueva etapa para Morelos. Pero hoy, la realidad la confronta: sin resultados tangibles y con un entorno en deterioro, el cambio sigue siendo una promesa… que no llega.
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MILITANTES, EX LEGISLADORES Y CONSEJEROS del PAN expresaron su inconformidad por la tibieza con la que Mario Riestra Piña, dirigente estatal del partido en Puebla, ha reaccionado ante la entrada en vigor de la llamada “ley de ciberasedio”.
En una carta dirigida a Jorge Romero, líder nacional, exigen una postura firme para condenar y buscar la derogación de una reforma que –afirman– vulnera derechos humanos y criminaliza la libre expresión. El CEN, por su parte, ya pidió abrogar la norma, al advertir que puede usarse para hostigar a voces críticas del poder.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El PAN de Mario Riestra reacciona tan rápido como internet en los años 90”.
