- 25 estados presentaron una demanda colectiva contra la administración de Donald Trump por la nueva política arancelaria.
- Los fiscales sostienen que los gravámenes buscan reemplazar los aranceles anulados previamente por la Corte Suprema.
- La Casa Blanca defiende que las medidas están respaldadas por la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y buscan combatir las importaciones vinculadas con trabajo forzoso.
Estados demandan a la administración Trump por la nueva política arancelaria
Un bloque de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para impugnar los nuevos aranceles impuestos a decenas de socios comerciales, al considerar que la medida excede las facultades del Ejecutivo y pretende sustituir los gravámenes que fueron anulados previamente por la Corte Suprema.
La acción legal fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y argumenta que la nueva estrategia comercial representa un intento de mantener una política arancelaria que ya había sido declarada improcedente bajo otro marco legal.
La controversia gira en torno a la Sección 301
Los nuevos aranceles, que oscilan entre 10% y 12.5%, fueron impuestos a 59 países y a la Unión Europea, bajo el argumento de que no han aplicado medidas suficientes para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.
Para sustentar esta decisión, la administración Trump recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite imponer sanciones comerciales cuando un país incurre en prácticas consideradas desleales.
La medida sustituyó a los aranceles temporales que expiraron el 24 de julio, luego de que la Corte Suprema determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorgaba facultades para imponer ese tipo de gravámenes.
Estados acusan un aumento ilegal de impuestos
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró que la administración intenta imponer nuevamente cargas económicas a consumidores y empresas mediante un mecanismo distinto, pese al revés judicial.
En la demanda participan los estados de:
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Illinois
- Kentucky
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Carolina del Norte
- Oregón
- Pensilvania
- Rhode Island
- Virginia
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- Nueva York
Los gobiernos estatales sostienen que la nueva política comercial carece de una justificación específica para cada país afectado y que el gobierno federal no demostró cómo los aranceles contribuirán a eliminar las prácticas que pretende combatir.
La Casa Blanca defiende la legalidad de los gravámenes
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que Estados Unidos está utilizando una herramienta legal prevista por el Congreso para enfrentar prácticas comerciales que perjudican a los trabajadores estadounidenses.
Según la administración, la falta de controles efectivos contra productos elaborados con trabajo forzoso constituye una práctica comercial injustificada que puede ser sancionada mediante la Sección 301.
Se acumulan las impugnaciones judiciales
La demanda de los estados se suma a otras acciones legales promovidas por pequeñas empresas estadounidenses que también cuestionan la aplicación de los nuevos aranceles.
Especialistas en comercio internacional consideran que el litigio se centrará en determinar si la administración cumplió con los procedimientos y requisitos establecidos por la Sección 301, un instrumento que ya fue utilizado durante el primer mandato de Trump para imponer aranceles a China y que entonces superó diversos desafíos judiciales.
