Plan Hídrico y el Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica que plantean, entre otras cosas, “aportaciones voluntarias” de empresas concesionarias para llevar el líquido a zonas con desabasto
Los próximos días serán cruciales para la política sobre el reparto de agua en todo el país. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentará este jueves el Plan Hídrico Nacional y, el próximo lunes, el Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica.Entre otras cosas, buscan poner orden en el manejo de las concesiones que están en manos de la iniciativa privada y meter en cintura a quienes administran el uso que se le da al agua en distritos de riego agrícola. Como en otros sectores, la jefa del Ejecutivo federal está resuelta a enfrentar los problemas que le heredó la administración anterior, en los que, por complicidad o temor, perdieron el control, provocando (por sólo mencionar un problema) la contaminación del 70% de los ríos nacionales. Todavía no se conocen los detalles de los documentos en cuestión, pero ya varios empresarios, que manejan concesiones de agua, empezaron a poner el grito en el cielo, encabezando una campaña para desprestigiarlos antes de tiempo. Lo que no dicen es que existe una sobreexplotación de acuíferos y un desorden en las concesiones, porque no son claras las reglas del manejo circular ni el reúso del vital líquido.
Los empresarios involucrados andan regando el rumor de que el gobierno les exigirá cuotas de agua, pero no cuentan la película completa. Se les pedirán aportaciones voluntarias para destinar el líquido potable a zonas con desabasto, en donde la gente no tiene ni para cubrir necesidades básicas. Recordemos que, en el gobierno de López Obrador, la Conagua intentó poner orden en 170 mil trámites para concesiones rezagadas que había heredado de Enrique Peña Nieto, pero no lograron concluir ese trabajo. Más aún, el 70% de las aguas concesionadas está controlada por grupos sociales, empresas y caciques que manejan los distritos de riego y reparten como más les conviene a sus intereses, sin observar el bien común.
Lo que busca el gobierno es sumar voluntades con este plan impulsado desde la Conagua, que dirige Efraín Morales López. Quieren que las empresas privadas extiendan su responsabilidad social y aporten su granito de arena de manera voluntaria. Hay más de tres mil compañías con importantes concesiones como Bachoco, Grupo Herdez, Kimberly Clark, FEMSA, Grupo Lala, Minera GoldCorp y Grupo México, entre otras, de las que el gobierno espera comprensión y empatía.
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MUCHO HA DADO de qué hablar el proyecto de Presupuesto 2025, por los recortes anunciados a diferentes áreas e instituciones. Pero poco se ha dicho, por ejemplo, del ajuste que sufrirá la Secretaría de la Defensa Nacional. Con base en la propuesta que analiza el Congreso, se prevé un recorte del 43.8%; es decir, de los 270 mil 465 millones de pesos que ejercerá este 2024, proponen que reciba 151 mil 995 millones para 2025.
Esto quiere decir que, sin hacer ruido, de forma silenciosa, el nuevo gobierno podría estar quitando tareas que AMLO dio a las Fuerzas Armadas durante su gestión. Recordemos que todas las obras emblemáticas, como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas o el nuevo aeropuerto, estuvieron en manos del Ejército. Pero por los ajustes anticipados, parece que la Presidenta tiene nuevas prioridades y las obras quedarán en manos de otras instituciones.
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RICARDO EL POLLO GALLARDO sigue haciendo de las suyas en San Luis Potosí: El Congreso de su estado dio entrada a una iniciativa para que le autorice ceder los derechos de los 41 palcos de la “Arena Potosí”, hasta por 35 años, para que él y sus amigotes tengan un lugar digno para echar la fiesta durante todos los espectáculos que se presenten en ese lugar y, por supuesto, pueda quedarse con el negocio.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando el gobernador promete que va a impulsar los negocios locales, quiere decir que abrirá más empresas familiares”.
