• S&P coloca la calificación crediticia de Sinaloa en revisión negativa
• Señalamientos desde Estados Unidos elevan la incertidumbre financiera
• La entidad enfrenta riesgos por su liquidez y dependencia de deuda de corto plazo
Impacto inmediato en la calificación crediticia
La calificadora Standard and Poor’s decidió colocar en revisión especial con implicaciones negativas la nota crediticia ‘mxA’ del estado de Sinaloa, tras las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con la agencia, este contexto podría complicar el acceso del estado a financiamiento, especialmente a través de la banca comercial, lo que representa un riesgo adicional para su liquidez.
Mayor incertidumbre en el acceso a financiamiento
S&P advirtió que, aunque aún es temprano para medir el impacto total, los recientes acontecimientos incrementan la incertidumbre sobre las condiciones de financiamiento de la entidad. La posibilidad de restricciones crediticias podría agravar una situación que ya presentaba debilidades estructurales.
La calificadora señaló que continuará evaluando cómo evolucionan estos factores para determinar si la calificación se mantiene o se ajusta en los próximos meses.
Debilidad previa en finanzas estatales
Antes de este escenario, Sinaloa ya enfrentaba retos financieros, como una liquidez limitada, uso recurrente de deuda de corto plazo y un desempeño fiscal presionado.
Al cierre de 2025, la deuda total del estado ascendía a 7 mil 182 millones de pesos, de los cuales una parte importante correspondía a compromisos de corto plazo, lo que obliga a la entidad a depender de refinanciamientos constantes.
Riesgos y seguimiento en los próximos meses
La agencia indicó que vigilará de cerca la capacidad del estado para cumplir con sus obligaciones financieras y refinanciar su deuda en el corto plazo. Además, evaluará el impacto indirecto de las acusaciones en la gestión financiera y la estabilidad presupuestaria.
El proceso de revisión podría resolverse en un plazo aproximado de 90 días, dependiendo de la claridad que exista sobre el entorno financiero y político del estado.
