Mientras los partidos se reparten candidaturas como si fueran dulces, el crimen organizado ya se instaló cómodamente en las alcaldías, muchas veces con complicidad abierta de quienes juraron combatirlo
La cifra es tan escandalosa como reveladora: al menos 25 alcaldes, alcaldesas y exediles -solo de 2024 a la fecha- han sido detenidos o investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Si esto no es una muestra de cómo el narco ha tomado por asalto las estructuras del poder local, entonces nada lo es. Porque lo que está en juego no son solo territorios, sino la médula misma del poder democrático en México.
Puebla, estado clave en la política nacional, no ha quedado al margen. Gerardo Cortés Caballero, alcalde morenista de Cuautempan, es el cuarto edil en ese estado en estar bajo investigación por presuntos vínculos criminales.
Un cateo a sus propiedades arrojó un botín nada republicano: armas, droga y cartuchos útiles. Le preceden los hermanos Uruviel y Giovanni, y su padre Ramiro González Vieyra, que gobernaron en Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente. Vaya, no era una coincidencia familiar, sino una especie de franquicia de corrupción.
Pero si Puebla alarma, el Estado de México sacude. Con la “Operación Enjambre” cayeron cinco expresidentes municipales solo en un semestre. El caso más estruendoso es el del exalcalde de Zacualpan, Fidel Figueroa.
Fue condenado a 236 años de prisión por homicidio agravado. Nada menos que por asesinar a exservidores públicos en un ataque de 2019. ¿Su presunto aliado? La Familia Michoacana.
En Jalisco, José Ascensión Murguía, edil de Teuchitlán, fue detenido por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su implicación con la operación del Rancho Izaguirre, un campo de entrenamiento criminal.
Mientras tanto, en Michoacán, la alcaldesa de Coalcomán y el alcalde de Tanhuato están bajo lupa por rendir tributo simbólico -y quizás real- a Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Que un funcionario le rinda honores a uno de los capos más buscados del país no es solo escandaloso, es la radiografía de un Estado colapsado.
En Morelos, lo que ocurre es una telenovela negra. Mientras Cuauhtémoc Blanco arrastra investigaciones por tentativa de violación, al menos ocho alcaldes están en la mira de la FGR. Algunos ya fueron captados en videos conviviendo con miembros del Cártel de Sinaloa. ¿Casualidad? ¿Reunión vecinal? ¿O simple y descarado contubernio?
La exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, se reunió con el líder de Los Ardillos en Guerrero, y aunque fue expulsada de Morena, ya anunció su intención de competir por la gubernatura en 2027.
En Zacatecas y Chiapas, los casos se repiten como una partitura de horror: alcaldes detenidos, desaforados, prófugos, señalados de homicidio, asociación delictuosa, o todo junto.
Lo más alarmante de esta epidemia institucional es la normalización. Nos hemos acostumbrado a que el narco tenga voz y voto en las elecciones municipales. Se infiltran, financian campañas, deciden candidatos y, cuando es necesario, ejecutan justicia por su cuenta. No es solo corrupción: es cooptación total del poder político local.
Cada alcalde detenido es una historia de traición a la ciudadanía, pero también un síntoma de algo más profundo: que en muchas regiones de México, los verdaderos gobernantes no se eligen en las urnas, sino en la sierra, al amparo del plomo.
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AUNQUE NO LO DIRÁN PÚBLICAMENTE, hasta que haya información oficial de Washington, Palacio Nacional tiene la certeza de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su esposo, Carlos Torres, tenían cuentas bancarias en Estados Unidos con operaciones frecuentes para mover efectivo.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En algunas regiones, votar ya no es democracia: es elegir al gerente local del narco”.
