- La mayoría de los magistrados concluyó que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda.
- La resolución deja sin efectos la orden ejecutiva firmada por Donald Trump al inicio de su segundo mandato.
- Tras el fallo, el presidente estadounidense pidió al Congreso impulsar una reforma para eliminar este derecho.
El máximo tribunal reafirma la ciudadanía por nacimiento
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que se encuentran en el país de manera irregular o con visas temporales. Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó que este derecho está protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y no puede ser eliminado mediante un decreto presidencial.
En el fallo, la Corte sostuvo que “los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'”, por lo que “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.
La resolución mantiene una interpretación constitucional vigente desde hace más de 150 años, según la cual prácticamente cualquier persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, salvo excepciones específicas, como los hijos de diplomáticos extranjeros.
Una decisión dividida, pero con respaldo mayoritario
El dictamen fue aprobado por cinco votos contra cuatro. La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, con el respaldo de magistrados de distintas corrientes ideológicas.
En su argumentación, Roberts destacó la importancia del derecho a la ciudadanía al afirmar:
“La ciudadanía, entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa”.
El juez Brett Kavanaugh expresó un desacuerdo parcial al considerar que la interpretación de la cláusula de ciudadanía era demasiado amplia, aunque tampoco apoyó la orden ejecutiva de Trump. Por su parte, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch votaron en contra de la decisión.
El fallo también reafirma el precedente establecido en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark (1898), que consolidó el principio de ciudadanía por nacimiento en el país.
La orden ejecutiva de Trump queda anulada
Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió eliminar la ciudadanía automática para los hijos de migrantes en situación irregular. Esa promesa se convirtió en una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, el mismo día en que inició su segundo mandato.
La medida, denominada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, instruía a las agencias federales a dejar de reconocer la ciudadanía de determinados menores nacidos en Estados Unidos 30 días después de su entrada en vigor.
De acuerdo con estimaciones analizadas por la Corte, la disposición habría afectado aproximadamente a 255 mil niños cada año.
Tras revisar el caso, los magistrados concluyeron que cualquier persona nacida en territorio estadounidense y sometida a las leyes del país forma parte del alcance de la ciudadanía por nacimiento, por lo que la orden quedó sin efectos.
La demanda fue impulsada por familias afectadas
El caso llegó hasta la Corte Suprema después de que varias familias impugnaran la orden ejecutiva al considerar que privaba ilegalmente a sus hijos de un derecho garantizado por la Constitución y por la legislación federal.
Antes del fallo definitivo, un tribunal federal de New Hampshire ya había concedido una medida cautelar al determinar que existían altas probabilidades de que la orden violara la Decimocuarta Enmienda y la ley federal 8 U.S.C. § 1401(a).
La decisión del máximo tribunal también garantiza que miles de menores nacidos en familias con diferentes estatus migratorios mantengan el acceso a derechos y beneficios como el Seguro Social y los servicios de salud.
Trump insiste en modificar la legislación
Durante el proceso judicial, Donald Trump acudió personalmente en abril a la audiencia pública celebrada en la Corte Suprema para defender la legalidad de su orden ejecutiva, una presencia poco habitual para un presidente en funciones.
El mandatario ha sostenido que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada de forma incorrecta y ha afirmado que Estados Unidos es el único país que concede automáticamente la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, diversos países mantienen este mismo principio jurídico.
Trump también ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para revertir el fallo “Dred Scott contra Sanford” de 1857 y garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, únicamente tenía ese propósito.
Tras conocerse la resolución, calificó el fallo como “lamentable” y pidió al Congreso actuar para modificar la legislación.
“El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!”, escribió en Truth Social.
Asimismo, sostuvo que aún es posible alcanzar ese objetivo mediante una reforma legal.
“Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación —con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso—. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!”, afirmó.
Un nuevo revés para la política migratoria de Trump
La decisión representa uno de los principales reveses judiciales para la estrategia migratoria impulsada por Donald Trump durante su segundo mandato. Al declarar inválida la orden ejecutiva, la Corte Suprema reafirma que el derecho a la ciudadanía por nacimiento continúa plenamente vigente y solo podría modificarse mediante un cambio constitucional o una interpretación distinta del propio tribunal en el futuro.
