Esquivel pasa de más de 500 mil pesos a menos de cinco mil
La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó casi todas las sanciones que el INE impuso a la ministra Yasmín Esquivel por irregularidades en la elección judicial. La funcionaria había sido señalada como la candidata con más faltas en materia de fiscalización, acumulando multas superiores a 547 mil pesos. Tras la resolución, solo quedarán vigentes cuatro infracciones menores cuyo monto final no superará los cinco mil pesos.
Tribunal descarta responsabilidad en aportaciones prohibidas
El proyecto aprobado, elaborado por la magistrada Mónica Soto, concluyó que no existían elementos que vincularan directamente a Esquivel con la publicidad pagada por terceros en internet, ni evidencia de que hubiera recibido un beneficio electoral. La Sala Superior señaló que el INE no valoró el escrito de deslinde presentado por la ministra y que la propaganda detectada en eventos de asociaciones civiles no constituía gasto de campaña.
Multas más altas quedan sin efectos
Las dos sanciones principales —una por más de 406 mil pesos y otra por poco más de tres mil— fueron revocadas. Ambas se relacionaban con aportaciones indebidas y con material gráfico que el Tribunal determinó no era propaganda electoral. Las cuatro multas restantes, todas de bajo monto, deberán ser recalculadas por el INE tras el ajuste ordenado.
Celia Maya y otros juzgadores también resultan beneficiados
La presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, quedó libre de una multa de 34 mil pesos luego de que la mayoría del pleno consideró que el INE no acreditó plenamente las irregularidades. De igual manera, varios aspirantes a juzgados de distrito y magistraturas de circuito vieron anuladas sus sanciones, bajo el argumento de que no eran responsables de aportaciones realizadas por terceros sin su conocimiento.
Revocación alcanza al presidente del TEPJF
El magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz, presidente del Tribunal Electoral, también fue eximido de una multa de más de 28 mil pesos por gastos no comprobados y modificaciones de agenda no reportadas. La Sala Superior determinó que el INE no garantizó su derecho de defensa ni aplicó de forma correcta los criterios normativos.
Decisión ocurre pese a cuestionamientos de competencia
Aunque la reforma judicial establecía que la Suprema Corte debía resolver asuntos relacionados con la elección judicial para evitar conflictos de interés, la Sala Superior mantuvo el análisis de las fiscalizaciones, incluso en casos que involucraban a integrantes del pleno. Para evitar impedimentos, Guzmán Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho se excusaron del análisis y votación de sus propios expedientes.
