Y sí, la “Generación Z”, comprende a quienes nacieron entre 1995 y 2010, un grupo que en México representa cerca de 28 millones de personas
La protesta del 15 de noviembre expuso lo que muchos prefieren minimizar: el hartazgo de generación que nació con la crisis, creció con la polarización y que carga con años de incertidumbre, desencanto político, y que hoy exige respuestas de un Estado que parece más enfocado en controlar la narrativa de la movilización que en comprender su origen.
Y sí, la “Generación Z”, comprende a quienes nacieron entre 1995 y 2010, un grupo que en México representa cerca de 28 millones de personas, según estimaciones del INEGI. Hoy tienen entre 14 y 29 años y son la primera generación totalmente digital: más del 90% usa internet y más del 80% accede desde un teléfono móvil.
Es también un sector con alto interés social: encuestas del Instituto Mexicano de la Juventud muestran que más del 60% se preocupa por temas como violencia, desigualdad y corrupción. Su peso demográfico y su presencia activa en redes los han convertido en un actor político creciente y difícil de ignorar, quizá por eso el nombre detrás de la marcha.
En la reciente convocatoria de la denominada “Generación Z” supuestamente se sumó el “Movimiento del Sombrero”, que exigía justicia por el asesinato de Carlos Manzo. Un movimiento con arraigo en Uruapan, y del que malamente varios políticos han intentado apropiarse, y del que Grecia Quiroz, aclaró ya, su única base legítima se encuentra en dicho municipio, dejando ver que quienes marcharon no necesariamente forman parte de este movimiento.
Entre calles, voces y carteles, la protesta avanzaba sin incidentes hasta que el llamado “bloque negro” hizo su aparición, la respuesta de los granaderos: gas y despliegue de fuerza que, como siempre pasa, terminó desviando el foco y opacando una marcha que parecía una demanda legítima.
Lo cierto es que incluso antes de que estallara la confrontación, la marcha ya mostraba signos de desorden estratégico. Por un lado, la mezcla improvisada entre el caso Manzo–Uruapan, un asunto grave y profundo en materia de seguridad, y por otro las demandas del pliego petitorio de la llamada “Generación Z”, que terminó generando una narrativa confusa entre todas las edades y participantes.
No me mal entiendas, la justicia no tiene edad, pero sí se generó una profunda confusión que muchos aprovecharon para descalificar el movimiento.
Y es que encasillar la protesta únicamente en una generación, quizá fue un error táctico: al limitarla discursivamente a jóvenes nacidos después de 1995, lo que facilitó que el gobierno y/o opiniones en contra descalificaran la movilización argumentando que había participantes de otras edades, restándole legitimidad a una convocatoria ciudadana que, en realidad busca justicia, paz, seguridad y gobernabilidad.
Creo que esa segmentación “Z”, más que fortalecer la identidad del movimiento abrió un flanco para minimizarlo ante las autoridades. ¿Qué opinas?
Pero bueno, como en cada movilización, el “bloque negro” rompió vallas y tensó el ambiente, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿quiénes están detrás de esos grupos que siempre aparecen para justificar la fuerza pública? ¿Quién los lidera? ¿Quién los financia? ¿Quién permite y justifica su aparición en cada protesta ciudadana?
Lo que no se justifica y está ampliamente documentado en videos ciudadanos, son las agresiones contra jóvenes que protestaban sin armas, sin escudos y sin más protección que su voz.
El gobierno capitalino se ha pronunciado ya con descontento. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que 18 personas permanecen detenidas y aseguró que no hubo manifestantes hospitalizados ni desaparecidos, pero lo cierto es que hay varios videos que demuestran abuso de autoridad por algún cuerpo policiaco, y cuerpo policiaco siendo agredido por encapuchados. La violencia nunca estará bien, en ninguna de sus formas.
Como señalé en párrafos anteriores, el gobierno insistió en que la marcha no representó a la ‘Generación Z’, argumentando que entre los asistentes había personas de distintas edades y calificando la convocatoria como un movimiento ‘impulsado por la oposición’. Pero la narrativa oficial choca con la evidencia: miles de jóvenes se organizaron en redes sin partidos ni liderazgos tradicionales; el malestar es espontáneo, no inducido.
Los datos del operativo revelan la magnitud de la confrontación. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reportó 60 policías lesionados, 40 hospitalizados (de los cuales 26 fueron dados de alta) y 20 civiles atendidos.
En total, 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y 30 remitidas al juzgado cívico. La fiscal, Bertha Alcalde, añadió que 18 de los detenidos enfrentarán procesos por tentativa de homicidio, lesiones, robo y resistencia. Tipos penales que, en un contexto de protesta, encienden alertas sobre proporcionalidad y posible criminalización. La autoridad insiste en que las detenciones no fueron arbitrarias.
El gobierno capitalino también ha remarcado que los policías “no portaban armas”, como si la ausencia de balas fuera sinónimo de actuación impecable. Golpear, encapsular y gasear, también son formas de violencia. Y aunque hubo policías heridos, un hecho innegable y también deleznable, eso no invalida las agresiones contra manifestantes y ciudadanos.
Al final, la protesta dejó más preguntas que respuestas, especialmente porque ya se anunció una segunda marcha para los próximos días. Y en medio de esta tensión, el 20 de noviembre llegará con un Zócalo blindado por el desfile militar.
Lo que el gobierno no termina de asumir es que no se trata de la “Generación Z” que salió a las calles por capricho y con dedicatoria, se trata de ciudadanas, y ciudadanos cansados de la inseguridad, cansados de un país donde la violencia se normaliza, la justicia escasea y la representación política dejó de ser un canal confiable. Intentar criminalizar su enojo no ahoga el descontento; lo multiplica.
El mensaje es claro: en un país donde los jóvenes son mayoría, ignorarlos no es únicamente un error político; es una omisión histórica con consecuencias profundas.
Así fue que la “Generación Z” irrumpió en la agenda pública para recordarle al gobierno que la legitimidad no se hereda. Con su marcha, la “Generación Z” lanzó un mensaje directo al poder: no basta presumir transformaciones; si estas no les garantizan seguridad, paz y gobernanza a las y los ciudadanos.
