Adversarios del mandatario emecista le auguran uno de los cierres de gobierno más difíciles de los últimos tiempos, por las acusaciones en su contra y por haber perdido el control político de su estado
A Samuel García, gobernador de Nuevo León, le espera un camino complicado, quizá uno de los más difíciles que ha enfrentado un mandatario estatal en los últimos años. No es exageración, más bien una realidad que sus adversarios políticos observan con una mezcla de certeza y expectativa.
El séptimo año de García (el primer año de su sucesor) pinta para ser un verdadero Viacrucis. La suerte que correrá puede ser tan mala o peor que la de Rubén Rocha, no por vínculos con el narcotráfico, sino por graves acusaciones de corrupción y un manejo cuestionable de las finanzas públicas.
En el sector empresarial local, en todos sus niveles, hay quejas sobre los “moches” y el “derecho de piso” que se exige para cualquier trámite: una apertura, una inversión o simplemente intentar negociar algo con el Gobierno estatal.
Hace unos días tuve oportunidad de platicar con tres de los principales rivales de Samuel: Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey; Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, y Waldo Fernández, senador de la República. Como era de esperarse, la opinión sobre García de todos es en extremo negativa.
No es casualidad: De la Garza busca ser candidato del PRI o PAN para la gubernatura en 2027; Mijes y Fernández buscan ir por Morena y PVEM. Todos quieren la silla; sin embargo, dicen que ninguno busca venganza. Pero coinciden en algo: no le auguran un buen futuro.
Todos advierten que Samuel no necesita ayuda para caer; solo se está poniendo la soga al cuello. Enfrenta a un entorno muy hostil.
Su propio partido, MC, y su compadre Luis Donaldo Colosio Riojas, parecen dejarlo solo. Ni siquiera la popularidad de su esposa, Mariana Rodríguez, será suficiente para salvarlo.
Legalmente, la situación es crítica. La FGR, de Ernestina Godoy, investiga una presunta red de corrupción que gira en torno a lavado de dinero y triangulación de recursos por más de mil millones de pesos, vinculados a un despacho jurídico cercano a la familia García —a su padre y a su medio hermano—.
Empresas proveedoras del gobierno habrían transferido fondos a ese despacho tras ganar contratos oficiales, lo que podría constituir delitos graves. Por eso, legisladores y alcaldes han pedido que Samuel solicite licencia para enfrentar las investigaciones.
Además, hay procesos de juicio político contra García, acusándolo de no publicar decretos aprobados y de intervenir de manera ilegal en el proceso electoral local.
García vetó la Ley de Egresos 2026, bloqueando con esto la negociación del presupuesto. Dejó al estado con recursos del año anterior, generando serios problemas en las finanzas públicas.
La fractura entre los poderes locales es profunda, limitando su capacidad para impulsar reformas y con presión política cada vez mayor, justo en la recta final de este mandato.
Por si fuera poco, a unas semanas del Mundial de Futbol 2026, García enfrenta críticas por obras inconclusas: la ampliación del Metro, la conectividad al aeropuerto y otros proyectos clave siguen a paso de tortuga. Además, la zona metropolitana de Monterrey sufre problemas de movilidad y contaminación.
En ese contexto, Samuel García está en la encrucijada. Más allá de las investigaciones y las disputas políticas, las decisiones que tome en estos meses definirán su futuro político y el rumbo de Nuevo León, en una etapa decisiva para el estado y para México.
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EN EL GOBIERNO FEDERAL existe molestia porque el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no ha sido capaz de resolver la crisis con la Sección 22 de la CNTE, y son los “maestros” que amagan con boicotear el Mundial de Futbol 2026.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Samuel se puso la soga al cuello, pero parece que también eligió el nudo más complicado”.
