¿Quién definirá ahora los perfiles? ¿Qué filtros existirán? ¿Habrá comités técnicos, cuotas políticas o mecanismos ciudadanos reales?
La llamada “reforma judicial histórica” prometió cambiar para siempre la relación entre el poder y la justicia en México. Se vendió como un ejercicio de democratización: que el pueblo eligiera a jueces, magistrados y ministros mediante el voto directo.
Sin embargo, apenas iniciado el proceso, ya se discute aplazar hasta 2028 la segunda elección judicial y rediseñar las reglas de selección de perfiles. La pregunta es inevitable: ¿Estamos frente a una corrección técnica o ante el inicio de una contrarreforma electoral disfrazada?
El debate no es menor. Lo que comenzó como una bandera política hoy enfrenta problemas de operación, legitimidad y viabilidad presupuestal. Organizar una elección judicial nacional implica miles de millones de pesos, una estructura logística gigantesca y un reto democrático inédito: pedirle a la ciudadanía que vote por perfiles altamente especializados que, en muchos casos, ni siquiera conoce.
Pero el problema va más allá del costo. La verdadera preocupación está en el mensaje político. Si las reglas cambian apenas aprobada la reforma, se confirma lo que muchos críticos advirtieron desde el principio: que el proyecto nació más desde la narrativa política que desde una planeación institucional seria.
Aplazar la elección hasta 2028 podría interpretarse como un reconocimiento tácito de que el modelo actual no está listo. Y eso abre una grieta peligrosa: poca certeza jurídica.
Además, surgen nuevas interrogantes. ¿Quién definirá ahora los perfiles? ¿Qué filtros existirán? ¿Habrá comités técnicos, cuotas políticas o mecanismos ciudadanos reales? Porque si el objetivo era sacar a la justicia de las élites partidistas, el riesgo es terminar construyendo un sistema todavía más negociado desde el poder político.
México ya ha vivido reformas electorales que terminaron convertidas en instrumentos de control y no de fortalecimiento democrático. Por eso preocupa que, bajo el argumento de “mejorar” el proceso, se abra la puerta a ajustes que reduzcan autonomía, retrasen compromisos o centralicen decisiones.
El argumento oficial para estos cambios es evitar una “superelección” en 2027, cuando coincidirían más de 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales y judiciales. Lo cierto es que la nueva propuesta incluiría filtros técnicos y nuevos requisitos para jueces y magistrados.
Inevitablemente, la reforma judicial ya enfrenta ajustes antes de consolidarse: Morena y el INE analizan aplazar hasta 2028 la segunda elección judicial. Recordemos que en 2025 se eligieron 881 cargos judiciales y se imprimieron más de 601 millones de boletas; ante este panorama, expertos alertan sobre la baja información ciudadana y la complejidad en las boletas.
Quizá el país sí necesita revisar el modelo judicial. Pero si la reforma apenas comienza y ya requiere posponerse, renegociarse y reinterpretarse, entonces vale preguntarse si México realmente avanzó hacia una transformación democrática… o simplemente entró en otra etapa de improvisación institucional.
