- El empresario acudió a la CIDH tras perder litigios fiscales en tribunales mexicanos.
- Acusa al Estado de hostigamiento fiscal, judicial y mediático para silenciar sus críticas.
- El adeudo de sus empresas supera los 70 mil millones de pesos, según autoridades fiscales.
El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se define como víctima de persecución política, luego de perder diversos litigios fiscales que se arrastraban desde hace casi dos décadas.
Denuncia presentada en Washington
La acción fue realizada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., donde Salinas Pliego sostuvo una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
A través de un video difundido en redes sociales, el empresario justificó su denuncia por lo que calificó como acoso desde las conferencias matutinas del gobierno federal, en las que, dijo, se ha mencionado reiteradamente a sus empresas y a su persona por temas de evasión fiscal.
Señalamientos contra el Estado mexicano
En un comunicado, Grupo Salinas informó que la petición ante la CIDH busca que el organismo declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición para restaurar la independencia judicial, así como proteger la libertad de expresión y el derecho de propiedad.
El conglomerado empresarial sostiene que existe un uso político del aparato fiscal y que, pese a su disposición a cumplir con sus obligaciones conforme a la ley, ha recibido un trato discriminatorio con fines coercitivos y no recaudatorios.
Litigios fiscales y resoluciones judiciales
Las disputas fiscales de Grupo Salinas, relacionadas con empresas como Elektra y TV Azteca, llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el año pasado resolvió no conceder amparos al grupo empresarial. Con ello, se permitió que el Estado cobre adeudos que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), superan los 70 mil millones de pesos.
Tras estas resoluciones, Salinas Pliego había anticipado que llevaría su caso a instancias internacionales, argumento que concretó con la denuncia presentada ante la CIDH.
Respuesta del gobierno
Desde el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la exigencia del pago de impuestos a Grupo Salinas se realiza conforme a la ley y ha acusado al empresario de mantener una campaña de confrontación política contra su gobierno.
La denuncia ante la CIDH abre un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre el empresario y el Estado mexicano, ahora trasladado al ámbito internacional.
