El trámite de Financiera Sustentable de México (Finsus) para convertirse en institución bancaria incluye información que exhibe conexiones con CIBanco, entidad señalada por autoridades de Estados Unidos por riesgos en lavado de dinero, según reveló el periodista Salvador García Soto en una columna publicada el 25 de marzo en El Universal.
La información proviene de más de 100 páginas de documentos que la propia sofipo entregó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En ellos se describen vínculos personales, corporativos y financieros que contrastan con la postura oficial de la empresa, que ha negado mantener relación con ese banco.
Uno de los casos centrales es el de Norman Hagemeister Rey, accionista de Finsus, exdirectivo de CIBanco y familiar político de su presidente, Jorge Rangel de Alba. La documentación señala que la firma Lusitano FG —identificada comercialmente como Onix Financiera y vinculada al entorno de CIBanco— le otorgó más de 60 créditos personales entre 2021 y 2024 por un monto superior a 2,500 millones de pesos.
También se reportan coincidencias en domicilios y estructuras operativas. Hagemeister tendría registrada la misma dirección que Lusitano FG, mientras que esta empresa y Finsus operan desde Insurgentes Sur 1458, piso 12, colonia Actipan, en la Ciudad de México. Asimismo, al menos cinco consejeros o directivos propuestos para el banco mantienen relaciones laborales o financieras con esa entidad, ya sea por cargos previos o créditos vigentes.
Pese a esos elementos, Lusitano FG no fue identificada como parte relacionada en los expedientes entregados al regulador. Además, se menciona que Jorge Rangel de Alba participó anteriormente en el capital de Finsus, aunque la empresa sostiene que dejó de ser accionista en enero de 2025.
Los señalamientos se producen en un contexto marcado por los antecedentes de CIBanco. El 25 de junio de 2025, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, clasificó a esa institución como una entidad extranjera de preocupación primaria por lavado de dinero. Según esa dependencia, el banco habría facilitado operaciones asociadas a organizaciones criminales como los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Golfo.
Entre los casos mencionados se encuentra la apertura en 2023 de una cuenta presuntamente utilizada para lavar 10 millones de dólares, así como transferencias realizadas entre 2021 y 2024 a empresas chinas proveedoras de precursores químicos empleados en la fabricación de fentanilo.
Analistas citados en la columna consideran especialmente relevante que Finsus busque autorización bancaria bajo supervisión de la CNBV con Hagemeister como accionista mayoritario, particularmente tras el retiro de la licencia de CIBanco.
La compañía ha reiterado que no existe vínculo con esa institución. En diciembre de 2025, su director general, Carlos Marmolejo, afirmó en un derecho de réplica que Finsus no mantiene “vínculo operativo, financiero, corporativo ni de gobierno” con CIBanco y que Hagemeister dejó el consejo de ese banco en diciembre de 2022.
En materia accionaria, la empresa también aseguró que la legisladora Patricia Armendáriz y su familia salieron del capital entre 2022 y 2023, y que Rangel de Alba se retiró en enero de 2025, aunque no se habría localizado documentación pública que confirme dichas operaciones.
El desempeño regulatorio de la sofipo también ha sido cuestionado. Entre 2018 y 2025, la CNBV le impuso alrededor de 40 sanciones que superan los 15 millones de pesos, cerca de la mitad en 2025, por fallas en prevención de lavado de dinero, incumplimientos en reportes a autoridades, deficiencias de gobierno corporativo y omisiones en la publicación de información financiera.
Además, el regulador detectó debilidades en controles internos, administración de riesgos e irregularidades operativas, como la apertura de cuentas sin autorización previa. Por su parte, datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que Finsus acumula 149 reclamaciones, con un aumento notable entre 2021 y 2023.
