• Organizaciones señalan que destituir funcionarios no soluciona el impacto ambiental
• Demandan claridad sobre el volumen de crudo derramado y costos de remediación
• El daño alcanzó más de 900 kilómetros de litoral en el Golfo de México
Exigen transparencia y responsabilidad institucional
Organizaciones civiles y ambientalistas solicitaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) informar con precisión la cantidad de hidrocarburo vertido tras el derrame que afectó el litoral del Golfo de México. También cuestionaron que el gobierno federal no haya detallado la magnitud del impacto ambiental ni el costo total de las acciones de limpieza y restauración.
En una carta pública, advirtieron que la destitución de tres funcionarios no resuelve el problema de fondo, al considerar que el daño ambiental requiere una respuesta integral por parte de la empresa del Estado.
Impacto ambiental y omisiones
De acuerdo con los colectivos, el derrame —originado en un ducto en la zona de Abkatun-Cantarell, en Campeche— se extendió por costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, afectando más de 900 kilómetros.
Señalaron que, aunque se sancionó el ocultamiento de información, aún no se reconoce plenamente la responsabilidad institucional de Pemex. “Se sanciona la mentira, no el daño ambiental”, acusaron.
Asimismo, recordaron que el gobierno admitió fallas como la pérdida de integridad mecánica del ducto, el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua contaminada y el retraso en el cierre de la válvula principal, que ocurrió ocho días después de detectarse la fuga.
Demandas de reparación integral
Las organizaciones exigieron que se haga público el volumen total del crudo derramado, así como los costos de atención, monitoreo y remediación ambiental. También pidieron que se informe cuánto deberá cubrir Pemex por los daños ocasionados.
Además, solicitaron un plan integral de restauración con objetivos claros, plazos definidos y mecanismos de seguimiento público, que incluya la recuperación de ecosistemas y el apoyo a comunidades afectadas.
Advirtieron que cerrar el caso con sanciones administrativas y apoyos parciales no garantiza justicia ambiental ni compensa las afectaciones económicas y ecológicas derivadas del derrame.
