- Especialistas consideran que algunas facultades previstas para la CRT podrían generar riesgos de politización y afectar la independencia de los medios de comunicación.
- El Gobierno afirma que los lineamientos no buscan censurar contenidos y que las sanciones continúan en consulta pública.
- La propuesta permanecerá abierta a consulta pública hasta el 21 de agosto de 2026, periodo en el que ciudadanos, especialistas y concesionarios podrán presentar observaciones.
Especialistas cuestionan el alcance de las nuevas facultades de la CRT
Analistas en materia de telecomunicaciones expresaron preocupación por el papel que tendría la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como autoridad encargada de resolver controversias relacionadas con los derechos de las audiencias.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), señaló que el principal riesgo radica en que las decisiones sobre las quejas puedan quedar sujetas a criterios políticos debido a que la CRT ya no cuenta con el carácter de órgano autónomo e independiente que tenía el anterior regulador del sector.
En su opinión, esa situación podría afectar tanto a periodistas como a medios de comunicación si las resoluciones dejan de responder exclusivamente a criterios técnicos.
“Deber de diligencia noticiosa” concentra las principales críticas
Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre especialistas es el denominado deber de diligencia de la información noticiosa, el cual plantea que concesionarios de radio y televisión adopten medidas para evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o presentada de manera incorrecta.
Para Gerardo Flores, integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), esta obligación va más allá de lo establecido por la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Explicó que la legislación vigente establece como principio general promover información veraz y plural, pero no impone obligaciones específicas para que cada medio verifique individualmente todos sus contenidos informativos, por lo que considera que el proyecto amplía el alcance de la ley mediante disposiciones regulatorias.
Asimismo, advirtió que esa interpretación podría derivar en controversias sobre los límites entre la regulación y la libertad editorial.
Advierten riesgo de campañas coordinadas contra medios
Otro de los señalamientos realizados por especialistas se refiere al mecanismo de recepción de quejas.
De acuerdo con Gerardo Flores, el procedimiento podría ser utilizado para promover denuncias masivas o coordinadas mediante identidades simuladas con el propósito de ejercer presión sobre medios de comunicación, periodistas o defensores de las audiencias.
En ese sentido, sostuvo que la función de la autoridad debería limitarse a verificar la existencia de códigos de ética, defensorías de audiencias y mecanismos de atención, sin intervenir en los criterios editoriales de los concesionarios.
¿Qué son los derechos de las audiencias?
Los derechos de las audiencias están previstos en el artículo sexto constitucional y en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Entre las principales garantías destacan:
- Recibir contenidos que respeten la pluralidad de ideas.
- Diferenciar claramente entre información, opinión y publicidad.
- Contar con mecanismos para presentar quejas.
- Acceder a una Defensoría de las Audiencias.
- Recibir contenidos que respeten los derechos humanos, la igualdad y el interés superior de la niñez.
¿Qué establecen los nuevos lineamientos?
El proyecto de la CRT busca desarrollar los mecanismos para hacer efectivos esos derechos mediante diversas obligaciones para concesionarios de radio y televisión.
Entre ellas destacan:
- Elaborar y registrar un Código de Ética.
- Designar una persona Defensora de las Audiencias.
- Establecer procedimientos para atender inconformidades.
- Publicar informes sobre las quejas recibidas y su resolución.
- Garantizar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
La propuesta también contempla que, cuando una audiencia no esté conforme con la resolución emitida por la Defensoría, pueda presentar un recurso ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Gobierno asegura que no existe intención de censurar
Durante la presentación de la propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los lineamientos representen un mecanismo de censura.
La mandataria sostuvo que el propósito es fortalecer los derechos de las audiencias y privilegiar la autorregulación de los propios medios de comunicación.
Asimismo, aclaró que el apartado relacionado con las sanciones económicas continúa sujeto a consulta pública y reiteró que las multas serían el último recurso dentro del procedimiento.
Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que el objetivo principal consiste en establecer reglas claras para el funcionamiento de las defensorías de las audiencias y los mecanismos de atención de quejas.
Industria y organizaciones civiles expresan preocupaciones
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respaldó el objetivo de proteger los derechos de las audiencias; sin embargo, consideró que el proyecto contiene conceptos ambiguos que podrían dar margen a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.
Entre sus observaciones destacó la posibilidad de que la CRT revise las resoluciones emitidas por las defensorías de las audiencias, lo que, a su juicio, podría disminuir la autonomía de esos mecanismos de autorregulación.
En el mismo sentido, organizaciones como Artículo 19 manifestaron preocupación porque algunos conceptos incluidos en la propuesta —como información objetiva, veraz o descontextualizada— carecen de definiciones precisas y podrían dar lugar a procedimientos administrativos que afecten el ejercicio periodístico.
Especialistas consideran que las conferencias oficiales también podrían ser objeto de quejas
Diversos expertos coincidieron en que, de aprobarse los lineamientos en su redacción actual, las conferencias matutinas presidenciales y otros contenidos difundidos por medios públicos también podrían ser susceptibles de quejas por parte de las audiencias.
Señalaron que las mismas reglas previstas para los concesionarios deberían aplicarse a cualquier contenido transmitido por medios públicos, con el fin de garantizar un tratamiento uniforme de los derechos de las audiencias.
Consulta pública seguirá abierta hasta agosto
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantendrá abierta la consulta pública sobre el proyecto hasta el 21 de agosto de 2026.
Durante ese periodo, ciudadanos, concesionarios, especialistas, académicos y organizaciones podrán presentar comentarios y propuestas antes de que la autoridad determine la versión definitiva de los lineamientos.
