La Presidenta aprovechó el aniversario de la Expropiación Petrolera para marcar su postura energética: un modelo mixto donde Pemex mantiene el control, pero permite la inversión privada. Busca corregir los excesos de la apertura priista
La presidenta Claudia Sheinbaum promulgó este 18 de marzo las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética, cuyo objetivo es rescatar a Pemex sin comprometer la soberanía nacional.
Uno de los cambios fundamentales contempla la inclusión de un modelo mixto que, a través de la nueva Ley del Sector Hidrocarburos, permite la participación privada en el desarrollo de campos petroleros sin ceder la operación de los yacimientos.
La fecha elegida por la mandataria no fue casualidad. Hace 87 años, Lázaro Cárdenas redefinió el rumbo del país al recuperar el petróleo de manos extranjeras. Desde entonces, la narrativa de la soberanía energética, sin importar la ideología del gobernante en turno, sigue siendo un pilar de la política nacional.
Sheinbaum no rompió con la tradición y utilizó este histórico día para marcar la línea de su política sexenal.
La nueva legislación otorga a la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, la facultad de establecer alianzas con empresas privadas, siempre bajo la rectoría de Pemex.
El modelo mixto no implica una apertura indiscriminada ni una estatización total, sino un esquema de cooperación en el que Pemex, dirigido por Víctor Rodríguez Padilla, sigue siendo el operador y el Estado mantiene la potestad sobre las reservas. Se trata de un modelo que será evaluado conforme a su implementación.
A diferencia del modelo de contratos de producción compartida de la época de Enrique Peña Nieto, en el cual las empresas extranjeras especularon con las reservas en mercados financieros sin invertir en el desarrollo de los campos, ahora la IP sólo podrá participar en esquemas donde compartirán riesgos, costos y utilidades con la petrolera nacional.
El nuevo modelo sepulta la reforma energética del régimen priista, que debilitó a Pemex y generó una sobrecarga administrativa a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y otras dependencias.
Las atribuciones de la CNH en materia de exploración y extracción se trasladan a Energía, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia operativa de Pemex. Con esto, el mensaje a los privados es claro: hay espacio para la cooperación, pero sin concesiones que comprometan la soberanía.
Las empresas que quieran operar en México deben garantizar inversiones y compartir riesgos. No habrá espacio para la especulación ni para contratos que privilegien el beneficio financiero sobre la seguridad energética.
El éxito del modelo dependerá de la rapidez con la que se implemente. Por ello, Pemex tiene la urgente responsabilidad de destrabar proyectos, lanzar licitaciones, garantizar el pago a proveedores y concretar alianzas que permitan recuperar la producción de hidrocarburos.
Los expertos advierten que la presión es enorme y el margen de error es mínimo para una compañía con una deuda superior a 97 mil millones de dólares y que, al menos desde hace cuatro meses, ha registrado una caída constante en su producción.
Muchas son las preguntas: ¿Los privados aceptarán las condiciones de Sheinbaum? ¿Tienen la solvencia para invertir en los proyectos de Pemex? ¿Resulta atractivo para nacionales o extranjeros tener a la paraestatal como socio? ¿El gobierno, a través de Hacienda, corregirá la situación financiera de Pemex?
Si la apuesta funciona, quizá el 18 de marzo no sólo conmemora la expropiación petrolera, sino también el inicio de una colaboración inédita entre Pemex y la inversión privada que, bajo reglas claras, podría beneficiar al Estado, a la industria y, sobre todo, al país. Ya veremos.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Pemex dejará de ser la piñata de antes: si quieren dulces, traigan su palo y cooperen”.
