En un país donde una computadora todavía representa semanas o meses de ingreso para muchas familias, hay quienes desde el gobierno federal pretenden convertir el acceso a la tecnología en una nueva fuente de “cobro adicional”
Desde la Secretaría de Cultura de Claudia Curiel de Icaza y el INDAUTOR de Karina Luján Luján se busca revivir, junto con Roberto Cantoral y la SACM, el llamado “Moche Digital”: un nuevo impuesto de hasta 2% sobre celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos.
En un país donde una computadora todavía representa semanas o meses de ingreso para muchas familias, hay quienes desde el gobierno federal pretenden convertir el acceso a la tecnología en una nueva fuente de “cobro adicional”.
¿De qué trata el llamado “Moche Digital”? La propuesta plantea cobrar hasta 2% sobre el valor de celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos por su capacidad para almacenar o reproducir obras protegidas, aun cuando el usuario nunca realice una copia.
En pocas palabras: pagar por la posibilidad de copiar, no por haberlo hecho.
Te platico, es algo como pagar, no porque haya reproducido ilegalmente una canción, una película o un libro, sino porque compró un aparato capaz de hacerlo.
Y hay algo más: el cobro se calcularía sobre el valor del aparato. Un teléfono más caro pagaría más aunque su precio tenga que ver con su cámara, procesador o pantalla, y no con cuánto contenido reproduce.
Lo cierto es que el Congreso ya discutió el tema, el pasado 30 de abril de 2021, la Cámara de Diputados rechazó la Reforma en Materia de Copia Privada con 291 votos en contra, 88 a favor y 59 abstenciones. Fue desechada, así lo informó la gaceta parlamentaria de San Lázaro.
Cinco años después el debate sobre este tema vuelve al ojo público, un celular dejó de ser un lujo, hoy es la oficina de un repartidor, la terminal de cobro de un pequeño negocio, el salón de clases de un estudiante y, para millones, la principal puerta de acceso a internet.
Yo me pregunto: ¿dónde está el estudio mexicano que demuestre cuánto copiamos y qué daño económico ocasionamos? Porque antes de trasladar un nuevo costo a millones de familias, estudiantes, trabajadores y pequeños negocios que dependen de un celular o una computadora, el Estado tendría que demostrar con datos por qué ese cobro es necesario y a quién realmente beneficia.
Además hemos cambiado nuestra manera de consumir. Millones ya no compramos un disco para copiarlo: pagamos plataformas que licencian música, películas y contenidos.
Y lo digo claro, los creadores por supuesto que deben cobrar por su trabajo. Eso no está en discusión. Lo que sí debe discutirse es convertir cada dispositivo en una presunción de copia y trasladar su costo a quien estudia, trabaja o emprende con él.
Si este mecanismo no consiguió los votos para convertirse en ley en 2021, cualquier intento de reconstruirlo 5 años después desde un reglamento y anteproyecto, tendría que explicar con absoluta claridad su fundamento y sus límites.
Recaudar por recaudar nunca será una buena política pública; mucho menos cuando el costo termina en el bolsillo de millones de mexicanos.
La cultura necesita recursos, pero no así…
Y el momento no podría ser más inoportuno: en plena revisión del T-MEC, México debería estar dando certezas a la inversión y cerrando brechas de acceso tecnológico, no creando nuevas cargas que puedan restarle competitividad frente a sus principales socios comerciales.
