• Más de 900 mil migrantes recuperan estatus temporal tras fallo judicial
• Tribunal señala que cancelación masiva del programa fue ilegal
• Gobierno de Trump critica la decisión y la califica como “activismo judicial”
El estatus legal de cientos de miles de migrantes en Estados Unidos deberá ser restituido tras una orden judicial que frenó una medida impulsada por la administración de Donald Trump.
La jueza federal Allison Burroughs, del Distrito de Massachusetts, determinó que la revocación del permiso de permanencia temporal —conocido como “parole”— otorgado a quienes ingresaron mediante la aplicación CBP One fue ilegal, al no respetar los procedimientos establecidos.
Restituyen beneficios migratorios
La resolución obliga al gobierno estadounidense a devolver la protección temporal a los migrantes que accedieron legalmente al país a través de esta plataforma, implementada durante la administración de Joe Biden.
Este mecanismo permitió, desde enero de 2023, que más de 900 mil personas solicitaran citas en puntos fronterizos para ingresar de manera regular. A muchos de ellos se les concedió un permiso de estancia de hasta dos años, además de autorización para trabajar mientras resolvían su situación migratoria.
Cancelación masiva, fuera de la ley
Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, el programa fue eliminado y sustituido por una herramienta enfocada en promover la autodeportación. Posteriormente, las autoridades notificaron a los beneficiarios la cancelación de su estatus y les exigieron abandonar el país de forma inmediata.
Sin embargo, la jueza concluyó que esta decisión se aplicó de forma generalizada, sin análisis individual, lo que excedió las facultades legales de la autoridad migratoria.
“Las revocaciones de la libertad condicional excedieron la autoridad legal de la agencia y contradijeron los procedimientos establecidos”, señaló en su fallo.
Reacciones y escenario legal
La decisión judicial surge tras una demanda colectiva presentada por organizaciones defensoras de migrantes y personas afectadas, quienes calificaron la cancelación como una acción ilegal.
En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó la resolución y la calificó como “activismo judicial descarado”, al considerar que tenía atribuciones para retirar ese beneficio migratorio.
Aunque el fallo representa un alivio para miles de migrantes, aún no está claro cuántos de ellos ya fueron deportados tras la cancelación previa del programa.
