- La nueva medida permitirá a funcionarios migratorios evaluar si un solicitante podría depender de programas públicos para decidir si aprueban o rechazan una residencia permanente.
- La norma entrará en vigor el 18 de septiembre y revierte los límites establecidos durante la administración de Joe Biden.
- Organizaciones defensoras de migrantes advierten que la política puede afectar principalmente a familias de bajos recursos y con estatus migratorio mixto.
Estados Unidos endurece requisitos para obtener la “green card”
El gobierno del presidente Donald Trump retomará una política migratoria conocida como “carga pública”, que permite negar la residencia permanente a extranjeros que las autoridades consideren que podrían depender de beneficios públicos para mantenerse en Estados Unidos.
La medida fue anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y entrará en vigor el próximo 18 de septiembre.
Con esta decisión, los funcionarios migratorios tendrán nuevamente facultades para analizar cada solicitud de residencia permanente bajo el criterio de si el extranjero podría representar una carga económica para el país.
La regla amplía la revisión de solicitudes migratorias
La política establece que los agentes de inmigración podrán considerar diversos factores económicos, laborales y familiares de cada solicitante antes de aprobar una tarjeta de residencia.
La administración Trump argumentó que la medida busca garantizar que los inmigrantes puedan mantenerse por cuenta propia y evitar que los contribuyentes estadounidenses financien beneficios para personas que, según el gobierno, podrían depender de programas públicos.
USCIS señaló que la evaluación se realizará de manera individual y tomando en cuenta “la totalidad de las circunstancias” de cada caso.
La norma había sido eliminada durante el gobierno de Biden
La política de “carga pública” fue impulsada inicialmente durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), pero fue modificada posteriormente por la administración del presidente Joe Biden.
Durante el gobierno demócrata se limitaron los beneficios públicos que podían ser considerados para determinar si una persona era inadmisible para obtener la residencia permanente.
Ahora, la administración Trump eliminó esa regulación de 2022 y restableció un criterio más amplio para que los funcionarios migratorios evalúen posibles casos de dependencia económica.
Beneficios públicos y migrantes bajo revisión
Durante la primera aplicación de esta política, la administración Trump consideró como factores de evaluación programas relacionados con alimentación, vivienda y atención médica, como Medicaid y otros apoyos públicos.
Aunque la nueva norma no establece una lista específica de beneficios que serán considerados automáticamente como motivo de rechazo, sí permite a los funcionarios analizar cualquier elemento que pueda indicar una posible dependencia económica.
La medida también podría impactar a familias de estatus migratorio mixto, donde algunos integrantes son ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros en proceso migratorio.
Organizaciones migrantes advierten posibles afectaciones
Grupos defensores de los derechos de los migrantes han expresado preocupación por el regreso de esta política, al considerar que puede generar temor entre comunidades vulnerables y desalentar a algunas personas a solicitar apoyos a los que tienen derecho.
Además, organizaciones han señalado que la medida podría convertirse en una especie de evaluación económica para quienes buscan regularizar su situación migratoria.
Expertos en salud pública también han advertido que este tipo de políticas puede provocar que algunas familias eviten acudir a servicios médicos o programas de apoyo por miedo a afectar sus trámites migratorios.
Trump también endurece reglas para estudiantes y periodistas extranjeros
La administración estadounidense también anunció nuevas restricciones para algunas visas de extranjeros.
Los cambios contemplan límites de permanencia para estudiantes universitarios con visas F, participantes de intercambio con visas J y periodistas extranjeros con visas I.
De acuerdo con la nueva regulación, los estudiantes y participantes de intercambio tendrían periodos máximos de estancia antes de solicitar extensiones, mientras que los periodistas enfrentarían límites más estrictos, especialmente quienes tengan nacionalidad china.
El gobierno de Trump argumentó que estas medidas buscan reforzar el control migratorio y evitar abusos del sistema de visas.
