El ex jefe de Gobierno fue clave en la aceleración del boom inmobiliario en la CDMX. Privilegió a desarrolladores privados facilitando construcciones en zonas céntricas, elevando precios, desplazando comunidades y consolidando la gentrificación
Por más que lo quieran maquillar con palabras como “revitalización urbana” o “desarrollo sostenible”, el boom inmobiliario que vivió la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue, en el fondo, un negocio redondo para unos cuantos… y un despojo lento y silencioso para miles.
En su sexenio (2012-2018), la metrópoli fue entregada con moño al capital privado. Los permisos de construcción llovieron en zonas ya saturadas; las normas se retorcieron a gusto de los desarrolladores; y las colonias populares quedaron fuera de la ecuación.
La historia es conocida, pero sigue doliendo: bajo la administración de Mancera, se consolidó un modelo excluyente: una ciudad dividida entre zonas revalorizadas para inversionistas –Roma, Condesa, Juárez, Del Valle– y otras profundamente olvidadas en Iztapalapa, Tláhuac o Gustavo A. Madero.
El cemento avanzó, sí, pero también el desarraigo, la especulación y la desigualdad. Mancera no inventó la gentrificación, pero la llevó a su punto de ebullición.
El vínculo con el sector inmobiliario fue tan evidente como alarmante: decenas de desarrollos se construyeron al margen de la ley, disfrazados de vivienda social usando la mal llamada Norma 26.
La vivienda barata, esa que alguna vez fue un derecho, terminó convertida en excusa para levantar torres de departamentos boutique.
Las consecuencias ya las conocemos: barrios enteros transformados en vitrinas hípsters para nómadas digitales, Airbnb convertido en plaga y familias desalojadas por no pagar rentas que se triplicaron en menos de una década.
Lo peor es que nadie en el gobierno pareció verlo venir… o prefirió no verlo. Y como si no bastara con eso, Mancera dejó sin actualizar el Programa General de Desarrollo Urbano, permitiendo que cada alcaldía hiciera y deshiciera a su antojo.
Fue el caldo de cultivo perfecto para que surgiera el llamado “cártel inmobiliario”, esa red de corrupción entre políticos y constructoras que hoy tiene a más de uno tras las rejas (y a otros esperando que prescriba el delito).
Pero el suceso que terminó por desnudarlo todo fue el 19 de septiembre de 2017. Aquel terremoto no sólo derrumbó edificios; también colapsó la narrativa de progreso.
Edificaciones nuevas se vinieron abajo como castillos de arena, muchas de ellas construidas en la gestión de Mancera. ¿Quién dio los permisos? ¿Quién inspeccionó? ¿Quién se hizo de la vista gorda? Las respuestas siguen enterradas entre los escombros.
Hoy, cuando se habla de gentrificación, muchos voltean a ver a los nómadas digitales como culpables. Pero el origen de esta película está en otra parte. En un despacho, en un sello de aprobación, en una firma que dio luz verde para transformar el paisaje urbano en una bolsa de valores.
Y en esa historia, el nombre de Miguel Ángel Mancera aparece –nos guste o no– en letras de concreto.
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REUNIÓN CRUCIAL sostendrán este fin de semana integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump.
El canciller Juan Ramón de la Fuente, junto con los secretarios de Seguridad, Economía y Hacienda, Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard y Édgar Amador Zamora, viajan a EU con una abultada agenda sobre migración, comercio y seguridad.
Quienes conocen del tema aseguran que se trata del encuentro más importante de los últimos tiempos, porque de lo que acuerden dependerá la agenda bilateral de ambas naciones.
Del lado mexicano hay optimismo porque se han registrado importantes avances en torno a las peticiones que desde hace un tiempo hizo la Casa Blanca. Pero dicen que no van para complacer al Tío Sam, sino a buscar acuerdos que convengan a México.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La gentrificación no llegó sola. Mancera le puso alfombra, cóctel y código postal nuevo”.
