Dentro de ese panorama, la extorsión figura entre los tres delitos más frecuentes junto al robo en vía pública y el fraude, según el INEGI
En México, la extorsión dejó de ser un delito aislado. Se ha convertido en un mecanismo de control, una industria del miedo y silencio que opera desde los penales y se infiltra en la vida cotidiana. Y no es una metáfora: en 2023 se cometieron 31.3 millones de delitos, de los cuales el 92.9?% no se denunció.
Dentro de ese panorama, la extorsión figura entre los tres delitos más frecuentes junto al robo en vía pública y el fraude, según el INEGI. Lo más alarmante es que el 70?% de las extorsiones telefónicas proviene desde centros penitenciarios, espacios que el Estado debería controlar, y que hoy son epicentro de la extorsión telefónica, según la misma Secretaría.
¿Cómo es posible que por años, en lugares donde el Estado tiene control total, operen redes criminales con tal impunidad? ¿Quién permite el ingreso de teléfonos, chips, cuentas bancarias falsas? La ciudadanía exige respuestas. Frente a ésta y otras crisis, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en cinco ejes: inteligencia para detenciones, unidades especializadas, atención a víctimas, capacitación del 089 y una campaña preventiva. El plan se desplegará en ocho estados clave y contempla operativos en penales, bloqueo de líneas celulares y congelamiento de cuentas usadas por extorsionadores.
El gobierno reconoce que la extorsión es el único delito de alto impacto que ha crecido un 28% entre 2019 y 2025, especialmente contra pequeños comerciantes, por lo que la llegada de la Ley General contra la Extorsión presentada por la Presidenta Sheimbaum, podría abonar en la narrativa de seguridad y ayudar a romper el silencio y que los delitos se sigan de oficio, es decir, una iniciativa que representa una transformación jurídica y operativa importante para las víctimas.
Lo cierto es que tanto como la estrategia de seguridad nacional y la reforma enviada al Congreso de la Unión hace unos días, han generado expectativas, pero su éxito dependerá de algo fundamental: recuperar el control de los penales. Si las cárceles siguen siendo oficinas del crimen, no habrá plan, ni reforma que alcance.
Hoy, las cifras son alarmantes, la ciudadanía duda, desconfía y calla por miedo o por la inacción del sistema, mientras que el “cobro de piso” opera como impuesto paralelo en todo tipo de negocios, miles de víctimas enfrentan solas el dilema de pagar, callar o arriesgar su vida.
El 089 podría convertirse en una herramienta clave en la lucha contra delitos como la extorsión, porque permitiría a la ciudadanía denunciar de forma anónima, segura y sin represalias. En un país donde el miedo a denunciar es tan grande como el delito mismo, pues el 92.9?% de los crímenes no se reportan.
La estrategia es necesaria, pero será insuficiente si no se limpia primero la casa: los penales. El Estado debe recuperar su autoridad desde dentro. Porque si la cárcel no castiga, sino dirige el crimen, entonces no habrá estrategia que funcione.
El reto de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no es únicamente técnico, sino profundamente político, operativo y diplomático, especialmente en medio de la creciente tensión bilateral con Estados Unidos. Washington exige resultados concretos en el combate al crimen organizado, pero México necesita defender su soberanía y prioridades nacionales. El reto diplomático será articular estrategias conjuntas sin ceder a imposiciones unilaterales.
CHECK & BALANCE
La presidenta Claudia Sheinbaum envió el pasado 8 de julio de 2025 al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional para crear una Ley General contra la Extorsión, que permitirá perseguir el delito de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima. El Estado asumirá ese rol, y los 32 estados deberán homologar sus leyes, tipos penales y sanciones.
México quiere paz, no promesas. Ciudadanas y ciudadanos queremos vivir sin miedo, trabajar sin pagar piso, caminar sin temor a una llamada de extorsión o robo. Queremos un país donde la ley pese más que el miedo, y donde la justicia llegue antes que la violencia.
