• Frida M. y Damián C. fueron sancionados con inhabilitaciones de 20 y 15 años.
• Las autoridades detectaron un presunto desvío superior a 65 millones de dólares en un contrato firmado en 2015.
• La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación penal por el caso.
Tribunal impone sanciones por irregularidades en contrato de seguridad
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que dos exfuncionarios de la extinta Policía Federal fueron sancionados por el presunto desvío de recursos públicos relacionados con un contrato internacional de seguridad firmado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Se trata de Frida M., quien se desempeñó como secretaria general de la corporación, y Damián C., ex titular de la División de Inteligencia. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó imponerles inhabilitaciones de 20 y 15 años, respectivamente, para ocupar cargos públicos.
Además, ambos deberán cubrir sanciones económicas que en conjunto superan los 65 millones de dólares, cantidad que presuntamente fue desviada de un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa Rafael Advanced Defense Systems LTD.
Investigación señala uso irregular de recursos públicos
De acuerdo con la dependencia federal, las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad permitieron acreditar faltas administrativas graves relacionadas con el manejo irregular de recursos destinados a servicios de seguridad e inteligencia.
Las autoridades señalaron que el dinero debía utilizarse para cumplir obligaciones derivadas del convenio internacional; sin embargo, se detectaron presuntas anomalías financieras y administrativas dentro de la entonces Policía Federal.
La Secretaría Anticorrupción precisó que el caso también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República, institución que mantiene abiertas investigaciones penales para determinar posibles responsabilidades adicionales.
Caso permanece bajo investigación federal
Las autoridades no han informado si existen nuevas órdenes de aprehensión o imputaciones derivadas del expediente, aunque confirmaron que las indagatorias continúan.
El caso vuelve a colocar bajo revisión contratos y operaciones realizadas durante los últimos años de funcionamiento de la Policía Federal, corporación desaparecida oficialmente en 2019 tras la creación de la Guardia Nacional.
La Secretaría Anticorrupción aseguró que continuará impulsando acciones contra actos de corrupción en el servicio público y reiteró que el combate a estas prácticas requiere la participación tanto de las autoridades como de la ciudadanía.
