La creación de la fiscalía general de la república fue presentada como un paso importante para transformar el sistema de justicia en México. La reforma al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos buscaba dejar atrás el viejo modelo de procuraduría subordinada al Poder Ejecutivo y avanzar hacia una institución con mayor independencia para investigar delitos.
La apuesta era clara: que el Ministerio Público pudiera actuar con mayor libertad frente a las presiones políticas y fortalecer así el Estado de Derecho.
A varios años de esa transformación, vale la pena preguntarse si el cambio ha logrado plenamente sus objetivos. Sin duda, el nuevo diseño institucional introdujo elementos relevantes: un fiscal con un periodo más largo, autonomía técnica y una estructura que, en teoría, debería permitir decisiones más independientes.
Sin embargo, las instituciones no cambian únicamente por reformas legales. También dependen de prácticas, cultura institucional y confianza pública. Y es ahí donde el debate sigue abierto. Para muchos, la creación de la fiscalía representó un avance necesario; para otros, los resultados todavía no reflejan del todo la autonomía que se buscaba construir.
Quizá la pregunta no sea si la reforma fue correcta probablemente lo fue, sino si ha logrado consolidarse en la práctica. Porque la autonomía del ministerio público no se mide sólo por su diseño constitucional, sino por la percepción de que la justicia se aplica con el mismo criterio, sin importar el contexto político.
El tiempo dirá si esta transformación institucional logra consolidarse plenamente. Por ahora, más que una meta alcanzada, parece ser un proceso todavía en construcción.
