• La Fiscalía acusa el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades
• El caso se relaciona con una pensión vitalicia otorgada desde 2004
• La audiencia inicial está prevista para el 16 de diciembre
La Fiscalía General de la República (FGR) llevó ante un juez una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para que sea imputada por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en relación con una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los hechos que dieron origen al caso
La indagatoria se centra en la pensión posmortem que Casar comenzó a recibir tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida el 7 de octubre de 2004. Márquez Padilla ingresó a Pemex el 1 de junio de ese año como coordinador ejecutivo de la dirección corporativa de administración y permaneció en el cargo durante 129 días.
Las autoridades informaron que Márquez Padilla falleció tras caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex. Aunque los peritajes concluyeron que se trató de un suicidio, dicha determinación no fue asentada de manera expresa en los documentos difundidos.
La pensión y el presunto daño económico
De acuerdo con la información oficial, el 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión posmortem para los beneficiarios, con efectos a partir del 8 de octubre, un día después del fallecimiento. La FGR sostiene que Casar recibió una pensión mensual aproximada de 125 mil pesos.
Según lo señalado por Pemex en 2024, el monto total pagado por este concepto ascendería a cerca de 31 millones de pesos, cifra que las autoridades consideran un posible daño patrimonial a la empresa productiva del Estado.
El delito y las sanciones previstas
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial para imputar a Casar y a otras dos personas con fundamento en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal. Este delito puede ser atribuido tanto a servidores públicos como a particulares.
La legislación establece sanciones que van de seis meses a 12 años de prisión, así como multas de 30 a 150 días. Al no tratarse de un delito grave, en caso de vinculación a proceso, los imputados podrían enfrentar el juicio en libertad.
Situación legal actual
La audiencia inicial fue programada para el 16 de diciembre, fecha en la que se darán a conocer formalmente las imputaciones y los resultados de la investigación. Cabe recordar que Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024; sin embargo, Casar promovió un juicio de amparo y un juzgado federal en materia laboral ordenó restablecer los pagos.
