- Tesoro de EU sanciona a red de 13 empresas y 4 empresarios mexicanos vinculados al CJNG.
- Esquema de fraude afectó a miles de estadounidenses con pérdidas por casi 300 mdd.
- Sanciones incluyen bloqueo de bienes y prohibición de transacciones en EU.
Golpe financiero al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro empresarios y 13 empresas mexicanas por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La mayoría de las compañías tiene base en Puerto Vallarta, un punto clave para la organización criminal.
Impacto económico en las víctimas
Según el FBI, entre 2019 y 2023 más de seis mil ciudadanos estadounidenses perdieron casi 300 millones de dólares en este tipo de estafas. En 2024 se presentaron cerca de 900 denuncias adicionales, con pérdidas superiores a 50 millones. Las autoridades advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.
Método de operación
Los fraudes se realizaban mediante centros de llamadas atendidos por operadores que hablaban inglés y se hacían pasar por agentes de ventas, abogados o funcionarios. Usaban información obtenida de complejos turísticos para contactar a propietarios de tiempo compartido y ofrecerles ventas o alquileres ficticios. A las víctimas se les pedían pagos adelantados por supuestos impuestos y comisiones, sin recibir nunca el dinero prometido.
Personas y empresas sancionadas
Entre los señalados están Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, miembros de un grupo de ejecución del CJNG en Puerto Vallarta, así como el empresario turístico Michael Ibarra Díaz Jr. Las compañías sancionadas incluyen Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Corporativo Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte, Sunmex Travel, TTR Go, Inmobiliaria Integral del Puerto, KVY Bucerías, Servicios Inmobiliarios Ibadi, Fishing Are Us, Santamaría Cruise, Laminado Profesional Automotriz Elte y Consultorías Profesionales Almida.
Alcance de las sanciones
Las medidas bloquean todos los bienes e intereses de las personas y empresas en territorio estadounidense, y prohíben cualquier transacción con ciudadanos o entidades de ese país. Cualquier compañía con un 50% o más de propiedad de los sancionados también queda bloqueada.
