• Congreso capitalino avala cambios para limitar sueldos y jubilaciones en el sector público
• Nuevo tope establece pensiones de hasta 67 mil pesos mensuales
• Más de 42 mil jubilados de paraestatales serían alcanzados por la medida
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional que busca terminar con las llamadas “pensiones doradas”, al establecer límites a los ingresos de funcionarios públicos en activo y retirados. La modificación al artículo 127 de la Constitución forma parte de una estrategia nacional para reducir privilegios y fortalecer la equidad en el gasto público.
La aprobación se dio sin la participación de la bancada del PAN, en el marco del proceso legislativo que requiere la validación de congresos locales para concretar cambios constitucionales a nivel federal.
Argumentos a favor de la reforma
Legisladores que respaldaron la iniciativa coincidieron en que las pensiones elevadas representan un uso desproporcionado de recursos públicos. La diputada Xóchitl Bravo afirmó que el objetivo es garantizar justicia social mediante la imposición de límites claros a estos beneficios.
“No más pensiones de un millón de pesos mensuales; no más jubilaciones pagadas por el pueblo. Los puestos públicos son encargos; son una responsabilidad frente a la nación, no una puerta de entrada para garantizar una pensión de privilegios de por vida”, expresó.
Por su parte, la diputada Elvia Estrada sostuvo que la reforma responde a una desigualdad evidente, ya que la mayoría de los jubilados en México enfrenta dificultades económicas, a diferencia de quienes reciben pensiones elevadas en el sector público.
El legislador Ernesto Villarreal, del PT, agregó que en administraciones pasadas se consolidaron esquemas que beneficiaron a un grupo reducido con ingresos excesivos, dejando en desventaja a la mayoría de trabajadores.
Posturas críticas y preocupaciones
Desde la oposición, algunos legisladores manifestaron reservas sobre el alcance de la reforma. Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, respaldó la necesidad de fijar límites, pero advirtió que la propuesta no resuelve el problema de fondo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.
“Mi generación trabaja hoy para pagar las pensiones de las generaciones que nos antecedieron, pero no tenemos asegurado cómo se van a financiar nuestras pensiones, ni siquiera tenemos asegurado si nos vamos a pensionar”, señaló.
En tanto, el diputado del PRI, Omar García, alertó sobre posibles efectos legales al modificar condiciones previamente establecidas.
“Reconocemos que es necesario ajustar las pensiones públicas, entendemos la importancia de evitar excesos y escuchamos la exigencia ciudadana de mayor austeridad. Pero también estamos convencidos de que estos objetivos deben de lograrse sin destruir la certeza jurídica sin pisotear derechos adquiridos y sin abrir la puerta a conflictos constitucionales”, indicó.
Alcance y cifras clave de la reforma
A nivel nacional, la reforma impactaría a más de 42 mil pensionados de instituciones públicas como Pemex, CFE, Nafin, Banobras, Banrural, Bancomext y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
El nuevo esquema establece que ninguna pensión podrá superar la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal. Con base en los ingresos actuales, esto se traduce en un límite cercano a los 67 mil 145 pesos mensuales.
Además, las dependencias públicas deberán revisar y ajustar sus esquemas de jubilación para cumplir con el nuevo marco legal en un plazo máximo de 90 días.
Excepciones contempladas
La reforma excluye a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, esquemas sindicales complementarios y la pensión no contributiva establecida en la Constitución.
También se establece que los beneficios otorgados bajo el régimen anterior se respetarán en sus términos, aunque deberán adecuarse a los nuevos límites en los casos aplicables.
Avance en los estados
El proceso de aprobación avanza en diversas entidades del país. Congresos como los de Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, Chiapas y San Luis Potosí ya han dado su respaldo a la reforma.
En estos casos, legisladores han destacado que la medida busca eliminar privilegios, fortalecer la austeridad y redirigir recursos públicos hacia programas prioritarios.
