El dictamen conserva la centralización del sistema, limita el papel de las familias y no garantiza justicia ni protección de derechos
Presentación sin cambios estructurales
Aunque la Secretaría de Gobernación presentó el nuevo dictamen como una reforma “fortalecida” tras dialogar con colectivos, organizaciones de víctimas denuncian que la propuesta conserva elementos preocupantes. El texto, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y surgido tras el hallazgo de un presunto centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, integra más de 30 modificaciones, pero mantiene los mismos desequilibrios de origen: centralización del control, exclusión de víctimas y falta de garantías efectivas.
Centralización sin contrapesos
El acceso a bases de datos personales y sensibles queda concentrado en la Comisión Nacional de Búsqueda y en las fiscalías. Aunque se plantea una Plataforma Única de Identidad, no se establecen mecanismos de supervisión externa ni participación ciudadana, lo que genera alerta entre colectivos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Participación de familias sigue sin ser vinculante
La reforma mantiene un modelo institucional donde las familias no tienen poder de decisión sobre protocolos, acceso a información ni seguimiento de casos. Se reconoce la figura de “familia social”, pero su papel continúa sin peso real en los procesos de búsqueda o investigación.
Uso de datos personales sin protección efectiva
La Plataforma Única podrá acceder a registros de instituciones públicas y privadas, como historiales de salud mental, domicilios, telecomunicaciones, estaciones migratorias y datos del INE. Sin embargo, la reforma no garantiza salvaguardas claras para evitar el uso indebido de esta información, lo que podría dar lugar a actos de vigilancia o abuso.
Modelo forense sin transformación ni recursos
Aunque se establece la obligación de realizar pruebas genéticas antes de cualquier inhumación, no se asignan recursos ni plazos concretos para resolver el rezago forense. Las organizaciones advierten que podrían continuar las inhumaciones sin identificación ni registro público claro, lo que mantiene la opacidad del sistema.
Falta de sanciones y reglas claras
La reforma no contempla sanciones para fiscalías que rechacen denuncias o no inicien investigaciones. Además, se eliminó el artículo 23 Bis, que pretendía frenar el “peloteo” institucional, es decir, la transferencia informal de casos entre autoridades sin responsabilidad ni seguimiento.
Riesgo de militarización
Aunque el dictamen no menciona directamente a las Fuerzas Armadas, permite la participación del Gabinete de Seguridad en el sistema de búsqueda. Colectivos advierten que esto abre la puerta a la intervención militar, pese al historial de abusos documentados en contextos de desaparición.
Ambigüedad legal y falta de inclusión real
El dictamen incorpora conceptos como “nombre social” y “familia afectiva”, pero colectivos LGBTIQ+ advierten que la redacción es ambigua. Esta falta de claridad podría obstaculizar el reconocimiento de identidades diversas y redes afectivas en los procesos de búsqueda.
Temor a una aprobación sin ajustes de fondo
Organizaciones como Guerreros Buscadores y Sabuesos Guerreras temen que el dictamen sea aprobado en el actual periodo extraordinario del Congreso sin que se atiendan las demandas clave de las víctimas. Advierten que, pese al discurso oficial de diálogo, la reforma sigue sin garantizar justicia, verdad ni participación efectiva.
