Los hermanos Zaragoza, dueños de Tomza y Zeta, arrastran un historial de corrupción, favores políticos y escándalos. La explosión del Puente de la Concordia desnuda la impunidad que les ha permitido operar durante décadas
La mala reputación nunca ha soltado la sombra de los hermanos Tomás y Miguel Zaragoza, dueños de Tomza y Zeta, dos de las empresas gaseras más poderosas de México.
Hoy, el apellido Zaragoza vuelve al centro de la tragedia: Silza, filial de Tomza, resultó ser la propietaria de la pipa que explotó en el oriente de la Ciudad de México, dejando un saldo preliminar de ocho muertos, más de 90 heridos y cuantiosos daños materiales.
Lo que agrava la catástrofe no es sólo la magnitud de la explosión, sino las irregularidades acumuladas. Silza carecía de pólizas de seguro vigentes en materia de responsabilidad civil y ambiental, además de operar con omisiones documentadas ante la autoridad.
Las vidas arrebatadas y las familias destruidas son el resultado directo de una cadena de negligencias que hoy cobran factura.
La polémica, sin embargo, no es nueva. Desde los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Tomás Zaragoza fue señalado por tejer negocios al amparo del poder.
Su cercanía con Juan Camilo Mouriño les abrió contratos multimillonarios en el sector energético, mientras que, con la reforma energética de Peña, consolidaron vínculos con Emilio Lozoya, expandiendo su imperio a la venta y distribución de gasolina.
En paralelo, la expansión internacional de los Zaragoza resultó igual de controvertida. Con Grupo Zeta, de Miguel, y Tomza, de Tomás, construyeron un monopolio del gas LP en Guatemala, El Salvador y buena parte de Centroamérica, controlando 98% de las importaciones y generando denuncias por tráfico de influencias y complicidad con militares.
En México, legisladores acusaron a sus empresas de prácticas monopólicas y abuso en la venta de cilindros.
La vida privada tampoco escapa al escándalo. En 2014, Evangelina López Guzmán, esposa de Miguel y madre de sus 11 hijos, solicitó el divorcio tras descubrir la doble vida de su marido con Elsa Esther Carrillo, una de sus empleadas con quien tuvo una hija.
A ella y a su familia les transfirió millones de dólares en activos, desde propiedades y obras de arte hasta un avión privado. Dejando en el desamparo a su primera esposa.
Pero el litigio continúa, manchado por denuncias de protección política, sobre todo de prominentes panistas, que obstaculizan la justicia. Y recientemente han mencionado sus relaciones con el morenista Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez.
Los Zaragoza se presentan como empresarios intachables, pero lo cierto es que su historia es un rosario de irregularidades, favores políticos, escándalos familiares y tragedias sociales.
Lo ocurrido en el Distribuidor La Concordia no es un accidente aislado, sino la consecuencia de décadas de impunidad en la que el poder económico y político se entrelazan para blindar a quienes deberían rendir cuentas.
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FUNCIONARIOS DEL MÁS ALTO NIVEL en el gobierno confirman que el problema con el huachicol, en todas sus modalidades, es más grave de lo que parece y pronto veremos más órdenes de aprehensión contra quienes participan en este sucio negocio. Entre ellos, sigue sonando fuerte el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, socio mayoritario de la empresa Ingemar, vinculado con el contrabando de combustible.
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HABLANDO DE NEGOCIOS TURBIOS, José Marcos García Nieto, sobrino de Manuel Bartlett, quiso aprovechar su relación familiar para seguir haciendo negocios con el gobierno, pero la instrucción que tienen las dependencias es liquidar lo que le deben y cerrarle la puerta por “abusivo”. Entre otras cosas, sus empresas, que cambian de razón social muy seguido, ofrecían servicios y productos, sobre todo software, que no servían para nada.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Quien juega con fuego… termina incendiando a un país entero”.
