Más allá de si se prueba o no, el golpe en Sinaloa ya está en el debate público, metiendo presión a Morena y al gobierno rumbo a 2027, con el riesgo de que el tema se use como arma electoral y México termine discutiendo su democracia en tribunales de otro país
No cabe duda de que las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha y otros personajes clave de Sinaloa buscan incidir en la política interna de México, sobre todo a través de la conversación pública que activan grupos opositores al gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Más allá de las formas, los tiempos y el desenlace, el golpe apunta a un objetivo concreto: contaminar el clima rumbo a las elecciones del próximo año, cuando se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
Y es que, apenas se conoció la noticia, se desató un vendaval mediático con más tintes políticos que jurídicos. De pronto, el foco dejó de ser el gobernador y su círculo para convertirse en un juicio sumario contra el movimiento al que pertenecen, alimentando la narrativa que la oposición ha intentado instalar durante años: el Estado como rehén del crimen.
El documento con la acusación del tribunal encabezado por Jay Clayton, pega en un punto sensible porque detalla un proceso electoral muy “desaseado” en 2021.
Ahí se sostiene que Rocha Moya -entonces candidato- se habría reunido a inicios de ese año con líderes de Los Chapitos. La promesa habría sido apoyo electoral a cambio de colocar funcionarios que favorecieran las operaciones de esa facción.
La acusación también menciona a Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rocha, como enlace para entregar nombres y direcciones de opositores con el fin de intimidarlos y empujarlos a retirarse.
Y añade que, el día de la elección -6 junio de 2021-, integrantes del grupo criminal habrían robado boletas y urnas, además de secuestrar o amedrentar adversarios.
Se mencionan llamadas de emergencia y denuncias en municipios como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, sin intervención policial por instrucciones superiores.
Todo esto, quiérase o no, ensucia, como nunca, la conversación sobre la democracia mexicana, la violencia electoral y la credibilidad institucional.
Y el dato político que no se puede ignorar es que, pese a los señalamientos de la oposición y la información que entregó Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, el Tribunal Electoral -presidido entonces por José Luis Vargas- y el INE -encabezado por Lorenzo Córdova- validaron el proceso y los resultados, ratificando a Rocha como gobernador, quien tomó posesión el 1 de noviembre de 2021.
Hoy, en año preelectoral, una acusación así no puede quedarse en el expediente: se convierte en una arma para los malquerientes de López Obrador, de Morena y de la propia Presidenta.
Pero el riesgo es doble: que se use para golpear a un adversario sin agotar pruebas en México y, al mismo tiempo, que se normalice la idea de que la soberanía electoral se litiga fuera del país.
Si la política mexicana no entiende que la credibilidad democrática se defiende con investigaciones serias, transparencia y sanciones internas, otros seguirán marcando la agenda desde tribunales ajenos y micrófonos prestados.
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EL DOCUMENTO de la acusación contra Rocha y compañía menciona que la influencia del grupo criminal con el que se habría asociado alcanzó a Sonora. Recordemos que Alfonso Durazo hizo campaña y fue electo gobernador en el mismo proceso electoral de 2021. ¿Tendrá algo que comentar?
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PASE LO QUE PASE, Morena cambiará de rostro este fin de semana. Todo está dispuesto para que Ariadna Montiel asuma la dirigencia nacional y Óscar del Cueto, la secretaría de Finanzas. Montiel atenderá todo lo territorial y Citlalli Hernández, como presidenta de la Comisión de Elecciones, los amarres políticos.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En política, nada sucede por accidente; si sucede, fue planeado”.
