- El Gobierno peruano asegura que no contempla ingresar por la fuerza a la sede diplomática mexicana
- El caso fue llevado a consulta ante la OEA por la interpretación del asilo diplomático
- La entrega del salvoconducto queda supeditada al proceso regional
El Gobierno de Perú descartó de forma tajante cualquier intento de ingresar por la fuerza a la residencia de la México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada tras ser condenada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de 2022.
El canciller peruano Hugo de Zela afirmó que esa posibilidad “ni siquiera se está considerando” y subrayó que la postura del Ejecutivo se mantiene firme desde que México otorgó el asilo. Con ello, Lima busca marcar distancia de precedentes recientes en la región que han generado tensiones diplomáticas.
Postura oficial y ruptura diplomática
De Zela reiteró que, pese al conflicto bilateral, Perú respetará la inviolabilidad de la sede diplomática. Tras la concesión del asilo, ambos países rompieron relaciones a todo nivel y, desde hace dos semanas, Perú aceptó que Brasil asuma la protección de las representaciones mexicanas en su territorio.
El canciller insistió en que no habrá acciones unilaterales que vulneren el derecho internacional, aun cuando el Gobierno peruano mantiene su desacuerdo con la decisión adoptada por México.
El caso llega a la OEA
El Ejecutivo peruano trasladó el diferendo al ámbito regional y presentó consultas ante la Organización de Estados Americanos sobre la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático.
Perú sostiene que el asilo fue otorgado de manera indebida, al considerar que Chávez fue procesada y condenada por delitos comunes. No obstante, la convención establece que corresponde al Estado asilante determinar si existe persecución política, punto central de la controversia.
Salvoconducto en suspenso
La entrega del salvoconducto que permitiría a Betssy Chávez salir de Perú rumbo a México permanece condicionada al resultado de las consultas en la OEA. Mientras tanto, el Gobierno peruano mantiene vigilancia en los alrededores de la embajada, sin afectar su inviolabilidad.
Antecedentes judiciales
Chávez fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, luego de que la Corte Suprema determinó su participación en el mensaje a la nación emitido por el entonces presidente Pedro Castillo el 5 de diciembre de 2022, cuando anunció el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial.
Ese intento no prosperó y Castillo fue detenido el mismo día, en medio de una crisis política que derivó en el actual conflicto diplomático entre Perú y México.
