- La FGR sostiene que la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo Appel es socio, habría importado más de 2 mil 500 millones de litros de combustibles en 2025, pese a tener autorización para 389 millones de litros.
- La Fiscalía asegura que el excedente forma parte de un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos y evasión fiscal que involucra a varias empresas.
- El PAN, encabezado por Jorge Romero, afirma que no existen pruebas suficientes contra Ruffo Appel y sostiene que el exgobernador es víctima de una persecución política.
FGR señala importaciones que superaron por más de 500 % el volumen autorizado
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la empresa Ingemar, de la que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es socio, rebasó en más de 550 % el volumen de combustibles autorizado para importar durante 2025.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la compañía contaba con permisos para introducir al país 389 millones de litros de gasolina y diésel, pero habría importado más de 2 mil 500 millones de litros, por lo que el excedente es considerado por las autoridades como combustible no declarado y de origen ilícito.
La investigación comenzó tras el aseguramiento de 18 millones de litros
Las indagatorias se originaron luego de que autoridades aseguraran 18 millones de litros de combustible transportados en carros tanque de ferrocarril en Coahuila.
Según la FGR, al revisar la documentación aduanera se detectó que los pedimentos reportaban únicamente el 10 % de la carga transportada, lo que habría permitido evadir el pago de aproximadamente 166 millones de pesos en impuestos, únicamente por ese cargamento.
A partir de este hallazgo, la Fiscalía amplió las investigaciones sobre las operaciones realizadas por Ingemar.
Fiscalía describe presunto esquema de contrabando
La FEMDO sostiene que la operación investigada se desarrollaba en tres etapas.
En una primera fase, la empresa habría ingresado al país volúmenes de gasolina y diésel superiores a los declarados ante las autoridades aduaneras.
Posteriormente, el combustible era distribuido a diversas compañías, entre ellas Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos GMG y Crismon Hidrocarburos y Derivados.
Finalmente, parte del combustible presuntamente era comercializado a través de estaciones de servicio, como Gasolinera Faza, además de realizarse operaciones de triangulación financiera y fiscal para ocultar el origen de los recursos.
La FGR atribuye a Ruffo un papel en las decisiones de la empresa
En la carpeta de investigación presentada ante la autoridad judicial, la Fiscalía sostiene que Ernesto Ruffo Appel no solo participaba como socio de Ingemar, sino que también ejercía funciones como secretario del Consejo de Administración.
De acuerdo con la acusación, esa posición le permitía intervenir en decisiones corporativas relacionadas con las operaciones de importación de combustibles que actualmente son investigadas.
Por estos hechos, Ruffo Appel fue vinculado a proceso junto con otras siete personas presuntamente relacionadas con la investigación.
PAN rechaza las acusaciones y habla de persecución política
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, rechazó las acusaciones contra el exgobernador y aseguró que no existen pruebas suficientes para sostener que encabezó una red de huachicol fiscal.
El dirigente panista afirmó que Ruffo Appel es víctima de un uso político de las instituciones de justicia y calificó su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad como una muestra de persecución contra la oposición.
Asimismo, sostuvo que la ley debe aplicarse con imparcialidad y señaló que, cuando existan elementos suficientes para acreditar un delito, corresponde a las autoridades actuar conforme al debido proceso.
Fiscalía y PAN mantienen posturas opuestas
Mientras la FGR sostiene que existen elementos suficientes para vincular a Ernesto Ruffo Appel con un presunto esquema de contrabando de combustibles y evasión fiscal, el Partido Acción Nacional insiste en que el proceso carece de pruebas concluyentes y responde a una motivación política.
El caso continúa en la etapa judicial y será la autoridad jurisdiccional la que determine la responsabilidad penal de los imputados conforme avance el proceso.
