- Ángel Aguirre aseguró que pidió a la PGR detener a José Luis Abarca tres meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
- El exgobernador negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada y rechazó haber tenido conocimiento sobre el paradero de los estudiantes.
- Aguirre fue vinculado a proceso por desaparición forzada y permanecerá en el penal del Altiplano mientras continúa la investigación.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso por desaparición forzada que tres meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detener a José Luis Abarca Velázquez, quien era presidente municipal de Iguala.
Ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, Aguirre sostuvo que primero planteó la detención del alcalde al delegado de la PGR en Guerrero y posteriormente hizo la petición directamente al entonces procurador Jesús Murillo Karam.
El exmandatario afirmó que, de haberse concretado esa detención, los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala no habrían sucedido. La versión fue expuesta por Aguirre durante su intervención en la audiencia y forma parte de sus argumentos de defensa.
Aguirre sostiene que alertó sobre Abarca
Según el relato del exgobernador, cuando planteó personalmente la detención de Abarca a Murillo Karam, el entonces procurador le informó que sería sometido a una operación de garganta y que canalizaría la solicitud a Mariana Benítez Treviño, quien en ese momento se desempeñaba como subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR.
Aguirre sostuvo que su intención era evitar que el proceso para retirar el fuero del entonces alcalde tuviera que realizarse en el ámbito estatal.
El exgobernador presentó este argumento para sostener que su administración había advertido previamente sobre la situación de Abarca y que no permaneció indiferente ante los posibles vínculos del entonces edil con grupos delictivos.
Niega vínculos con grupos criminales
Durante la audiencia, Aguirre rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre supuestos vínculos con organizaciones criminales.
El exgobernador negó haber tenido reuniones o acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada y pidió a la Fiscalía presentar pruebas que acrediten alguna relación de ese tipo.
La FGR ha planteado que durante el periodo en que gobernó Guerrero operaban en la entidad organizaciones criminales como Guerreros Unidos, Los Rojos, la Familia Michoacana y los Beltrán Leyva. Aguirre rechazó que su campaña o su administración hayan tenido vínculos con esos grupos.
Defiende su actuación frente al caso Ayotzinapa
Aguirre también negó haber tenido una postura adversa hacia los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Como parte de su defensa, recordó acciones realizadas durante su administración, entre ellas obras de remodelación en la escuela y apoyos para estudiantes.
El exgobernador afirmó además que desconoce el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y sostuvo que, de contar con información sobre su ubicación, la habría proporcionado a las familias.
La desaparición de los estudiantes ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando Aguirre se encontraba al frente del gobierno de Guerrero.
Juez mantiene el proceso por desaparición forzada
La declaración de Aguirre ocurrió después de que un juez de control lo vinculara a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa.
La FGR sostiene que existen elementos para continuar la investigación bajo la hipótesis de que, en su calidad de servidor público, pudo haber participado en acciones relacionadas con el ocultamiento de información y evidencias vinculadas con los hechos.
La defensa presentó más de 30 datos de prueba para cuestionar los señalamientos de la Fiscalía, pero el juez determinó que existían elementos suficientes para que el proceso penal continuara. Aguirre permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
Familias de los 43 exigen justicia
Durante las horas previas a la resolución judicial, madres y padres de los 43 normalistas exigieron que Aguirre permanezca en prisión y que las investigaciones alcancen a todos los funcionarios que pudieran estar relacionados con la desaparición de sus hijos.
Los familiares han insistido en que el esclarecimiento del caso debe incluir la identificación de las responsabilidades de funcionarios estatales y federales y la localización de los estudiantes desaparecidos.
El procesamiento de Aguirre representa un nuevo episodio dentro de una investigación que, casi 12 años después de los hechos, continúa generando procesos judiciales y reclamos de verdad y justicia.
