• El convenio permitirá que el C5 supervise cámaras de comercios afiliados a la Canaco.
• En zonas con conexión, los delitos bajaron hasta 70 por ciento.
• La alianza promueve una cultura de denuncia y cooperación ciudadana.
Nuevo convenio de colaboración
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México firmaron un acuerdo que permitirá integrar cámaras de videovigilancia privadas al sistema de monitoreo del gobierno capitalino.
El objetivo es reducir la incidencia delictiva y mejorar la atención ante emergencias que afecten a personas o comercios.
Impacto positivo en la seguridad
El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que en los lugares donde los establecimientos ya están conectados a la red pública de videovigilancia, los delitos disminuyeron entre 20 y 70 por ciento.
Agregó que esta iniciativa se suma al programa “Ojos que te Cuidan”, que ha incorporado más de 30 mil 400 cámaras durante el primer año de gestión. Además, subrayó que la capital presenta una reducción del 59 por ciento en delitos de alto impacto, lo que refleja el efecto positivo de la tecnología en la seguridad.
Compromiso del sector empresarial
El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que la colaboración con el gobierno es clave para mantener un entorno seguro. “Gracias al trabajo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al esfuerzo de instituciones como el C5, la Ciudad de México es la más segura del país”, aseguró.
La cámara empresarial, que agrupa a más de 40 mil negocios, promoverá entre sus miembros los canales de atención ciudadana: 911 para emergencias, 089 para denuncia anónima, la Línea Antiextorsión 55 5036 3301 y la *Línea SOS Mujeres 765.
Red compartida de videovigilancia
Con este acuerdo, las cámaras de los comercios afiliados podrán ser monitoreadas desde el C5, lo que facilitará una respuesta inmediata ante robos, extorsiones o cualquier situación de riesgo.
La iniciativa representa un paso importante hacia una red de seguridad compartida entre el gobierno y la iniciativa privada, enfocada en la prevención del delito y la protección del patrimonio.
