• La UIF confirmó el congelamiento temporal de cuentas relacionadas con Rubén Rocha Moya y otros señalados por autoridades de Estados Unidos.
• Claudia Sheinbaum afirmó que la medida es preventiva y no representa una investigación formal en México.
• El bloqueo se originó tras alertas emitidas por bancos mexicanos vinculadas a acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este lunes que fueron bloqueadas de manera preventiva diversas cuentas bancarias vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses por presunta relación con grupos del crimen organizado.
La medida fue confirmada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que explicó que las inmovilizaciones forman parte de mecanismos preventivos para proteger la estabilidad del sistema financiero mexicano.
UIF explica origen del congelamiento de cuentas
En un comunicado, la UIF detalló que las incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) derivaron de reportes enviados por instituciones financieras mexicanas luego de las acusaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la dependencia, las alertas se activaron debido a investigaciones contra 10 personas señaladas por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
La UIF precisó que estas acciones tienen carácter administrativo y preventivo, por lo que no representan una resolución judicial ni acreditan responsabilidad penal.
“Las medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”, señaló el organismo.
Bancos mexicanos activaron protocolos financieros
La dependencia explicó que los reportes conocidos como “LPB 24 Horas” fueron emitidos por bancos mexicanos que mantienen relaciones de corresponsalía con instituciones financieras de Estados Unidos.
Como resultado de estos mecanismos automáticos de monitoreo, la UIF procedió al congelamiento temporal de cuentas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas (PEP), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La autoridad financiera agregó que este tipo de medidas suelen aplicarse cuando existen alertas internacionales que involucran operaciones financieras potencialmente riesgosas.
Sheinbaum confirma medida preventiva de la UIF
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF aplicó el congelamiento de cuentas de Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses.
La mandataria explicó que la decisión respondió a protocolos automáticos derivados de la relación entre bancos mexicanos y estadounidenses.
“Fue una medida preventiva. Los bancos mexicanos, al tener relación con bancos de Estados Unidos, generan alertas y automáticamente la UIF aplica estos mecanismos”, declaró Sheinbaum.
La presidenta subrayó que, hasta el momento, no existe una investigación formal abierta en México contra el gobernador con licencia.
Exfuncionarios de Sinaloa se entregaron a autoridades de EU
El caso tomó relevancia luego de que dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa se entregaran voluntariamente a autoridades estadounidenses.
Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quienes fueron señalados por presuntos nexos con organizaciones criminales.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente el paradero de Rubén Rocha Moya.
UIF mantiene revisión de información financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que continúa analizando documentación e información financiera relacionada con las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.
La dependencia aseguró que las investigaciones se desarrollan bajo criterios técnicos e institucionales, tal como ocurre con cualquier reporte emitido por el sistema financiero nacional.
Asimismo, recordó que las personas afectadas cuentan con mecanismos legales para impugnar las medidas aplicadas, incluyendo recursos administrativos y judiciales.
Gobierno federal exige pruebas para proceder legalmente
Previo al comunicado oficial de la UIF, la presidenta Sheinbaum señaló que cualquier acción legal debe sustentarse en pruebas sólidas.
La mandataria reiteró que su administración no protegerá a ningún funcionario relacionado con actividades ilícitas, aunque insistió en que toda acusación debe respaldarse con evidencia legal.
El caso ha incrementado la presión política sobre funcionarios de Sinaloa luego de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
