• Gobernadora anuncia investigación interna sin responder sobre participación de agentes extranjeros
• Gobierno federal advierte posible violación a la Constitución y exige aclaraciones
• Senado analiza intervención y partidos políticos cierran filas en medio de la polémica
La controversia por el operativo de seguridad en Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se intensificó luego de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván evitara dar explicaciones directas y anunciara la creación de una unidad especial para investigar los hechos.
Anuncio sin respuestas claras
En una conferencia breve y sin espacio para preguntas, la mandataria estatal informó que ordenó la creación “inmediata” de una instancia encargada de indagar el operativo realizado entre el 17 y 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. En ese despliegue murieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados a la CIA, así como mandos de la Agencia Estatal de Investigación.
Campos Galván señaló que su administración no emitirá más posicionamientos mientras se desarrollen las investigaciones, con el argumento de preservar su integridad. La nueva unidad estará encabezada por la fiscal Wendy Chávez Villanueva, quien será responsable de informar sobre avances y resultados.
Cuestionamientos legales y exigencia federal
El caso generó reacciones desde el gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad dentro del país debe apegarse estrictamente a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, y subrayó que “la soberanía no se negocia”.
La mandataria federal confirmó que se solicitó a la gobernadora información detallada sobre el operativo y reiteró que cualquier colaboración internacional debe pasar por las instancias federales correspondientes.
En la misma línea, el senador Ignacio Mier advirtió que la ley no admite interpretaciones cuando se trata de soberanía nacional, por lo que es necesario esclarecer si existió autorización federal, el alcance de la participación extranjera y bajo qué mando operaron los agentes.
Investigación interna y versiones encontradas
El gobierno estatal ha sostenido que los estadounidenses involucrados eran instructores vinculados a la embajada y no participaron directamente en el operativo, el cual —afirman— fue ejecutado por autoridades mexicanas.
No obstante, la investigación anunciada buscará integrar las carpetas relacionadas con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en El Pinal, considerado por la administración estatal como un golpe significativo contra el crimen organizado.
Campos Galván defendió que estas acciones forman parte de una estrategia para evitar la distribución de drogas y fortalecer la seguridad en la entidad.
Tensión política y respaldo de partidos
El caso también escaló al terreno político. Dirigentes del PAN y PRI expresaron su respaldo a la gobernadora, al considerar que las acciones realizadas responden a la necesidad de combatir al crimen organizado en una entidad con alta presión delictiva.
Desde la oposición se argumenta que la cooperación internacional en materia de seguridad puede fortalecer la capacidad del Estado, mientras que el gobierno federal insiste en que cualquier colaboración debe respetar el marco legal y la soberanía nacional.
Panorama abierto
Mientras continúa la investigación, el Senado prevé solicitar la comparecencia de la gobernadora para revisar si se cumplió con las disposiciones constitucionales. El caso mantiene abierto el debate sobre los límites de la cooperación internacional en seguridad y el respeto a la legalidad en operativos conjuntos.
