• Suprema Corte de Justicia de la Nación valida extinción de 109 fideicomisos
• Ministros advierten que el Estado debe seguir garantizando derechos
• Recursos deberán ejercerse ahora mediante mecanismos presupuestarios directos
Corte avala decreto sin invalidar derechos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la eliminación de 109 fideicomisos y fondos públicos decretada en 2020 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El pleno concluyó que no hubo irregularidades graves en el proceso legislativo y que la desaparición de estos instrumentos no vulnera derechos fundamentales, ya que solo modifica la forma en que el Estado distribuye los recursos.
Fideicomisos eran mecanismos auxiliares
De acuerdo con el fallo, los fideicomisos funcionaban como herramientas administrativas para canalizar el gasto público, pero no constituían garantías en sí mismas.
El ministro ponente, Arístides Guerrero García, explicó que las obligaciones del Estado permanecen intactas, aunque ahora deberán cumplirse a través de presupuestos directos u otros mecanismos institucionales.
Obligaciones del Estado se mantienen vigentes
Durante la discusión, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que la desaparición de los fideicomisos no libera al Estado de su responsabilidad en áreas clave como atención a víctimas, medio ambiente o ciencia.
Otros ministros coincidieron en que, aunque los mecanismos cambien, el gobierno debe garantizar recursos suficientes para cumplir con estos compromisos.
Advertencias sobre garantías presupuestarias
El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que eliminar fondos sin justificar adecuadamente posibles retrocesos podría resultar inconstitucional si se afectan garantías presupuestarias.
Por ello, insistió en que el reto no es solo eliminar los fideicomisos, sino asegurar que los derechos asociados sigan protegidos.
Contexto y críticas sobre uso de recursos
Durante el debate, la ministra Lenia Batres Guadarrama recordó que estos instrumentos concentraron miles de millones de pesos y, en algunos casos, presentaron problemas de opacidad y falta de control.
También se documentaron irregularidades en el uso de recursos en proyectos públicos, lo que alimentó el argumento a favor de su eliminación.
