Mientras el oficialismo busca mostrar músculo con una participación histórica, la elección se perfila como una coreografía partidista donde gobierno y oposición juegan a ciudadanizar la justicia mientras reparten listas y recursos
La elección judicial del domingo, presentada como parte de una reforma “transformadora” en el discurso oficial, corre el riesgo de convertirse en uno de los mayores fracasos políticos. No importará quiénes ganen entre los miles de aspirantes a ministros, jueces y magistrados, si el proceso queda marcado por la manipulación, la apatía y el descrédito.
Y es que en nombre de la legitimidad -o quizás de la conveniencia- actores de todos los niveles de gobierno y siglas políticas, ya sean guindas, naranjas, azules o tricolores, han echado mano de prácticas ilegales para inclinar la balanza: desde la distribución de “acordeones” con instrucciones de voto, hasta la movilización masiva con recursos públicos y operadores territoriales.
La elección no sólo es inédita: es profundamente delicada. El oficialismo quiere mandar un mensaje de fuerza. Necesita una alta participación que respalde el experimento promovido por AMLO y evite que la jornada sea interpretada como un descalabro para la 4T.
Morena, bajo la batuta de Luisa María Alcalde, se ha fijado una meta: lograr que al menos 20% del padrón acuda a las urnas. En el INE, que encabeza Guadalupe Taddei, el pronóstico es más modesto: 15%.
Pero el desafío del partido en el poder no es sólo cuantitativo. Es doble: llenar las urnas y llenarlas con los nombres correctos. Por eso, la maquinaria de Morena -estructuras, programas sociales, operadores locales- se ha puesto en marcha a toda velocidad.
La contradicción se cuela incluso entre las filas del propio gobierno. Algunos funcionarios, con tono pragmático, afirman que lo importante es que vote “más gente”, aunque sean pocos. “Antes decidían tres personas, ahora decidirán diez, y eso ya es un avance”, repiten como argumento. Pero la lógica no cuadra con el discurso, ni con el despliegue propagandístico del oficialismo.
Del otro lado, los opositores tampoco se quedan atrás. Gobernadores como Mauricio Kuri (PAN, Querétaro) y Samuel García (MC, Nuevo León) también han activado sus redes y recursos para colocar a perfiles afines. La supuesta ciudadanización de la justicia se está convirtiendo, en los hechos, en un campo de batalla partidista, donde todos juegan el mismo juego, aunque lo nieguen en público.
El INE, mientras tanto, enfrenta una elección sin precedentes. No sólo por el volumen, sino por la complejidad. En algunas zonas, cada ciudadano tendrá que emitir 50 votos. Por eso, no habrá resultados la noche del 1 de junio. Sólo se informará del nivel de participación y de los votos anticipados -que representan una fracción mínima-. Los datos completos se conocerán el miércoles 4.
En los cuartos de guerra, tanto del gobierno como de la oposición, ya no se diseñan estrategias para conquistar corazones. Se afinan listas, se ensayan mecanismos para el reparto de indicaciones de voto y se calcula la eficiencia de la movilización. Todos quieren ganar la elección antes de que inicie la elección.
La justicia, mientras tanto, observa desde la sombra. Y la ciudadanía, en muchos casos, ni siquiera sabe qué votará.
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A PROPÓSITO DEL INE, como presidente de esa institución, Lorenzo Córdova suscribió y aplicó la ley para facilitar datos personales, como el domicilio particular, de mujeres u hombres vinculados a procedimientos administrativos o especiales sancionadores.
Por esa razón, más de uno se quedó con ojos de plato cuando vio que Lorenzo participó como “abajo firmante” en un desplegado que reclamaba al órgano electoral haber entregado datos de un colega periodista a una autoridad de Tamaulipas.
“Avaló esa ley y ahora reclama por su aplicación. Parece que Lorenzo sufre de amnesia”, me dijo un funcionario del recinto de Viaducto Tlalpan.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si la justicia se elige como si fuera lotería, que al menos el premio no esté arreglado”.
