Mientras México celebraba en las calles, en Veracruz una periodista llevaba semanas desaparecida. Su nombre era Roxana Guzmán y su crimen resume todo lo que está mal en un estado donde informar puede costarte la vida
En medio de la euforia mundialista, pasó casi inadvertido un crimen que no debería olvidarse: el secuestro y asesinato de Roxana Berenice Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz. Un estado que, con 34 periodistas asesinados desde el año 2000, sigue siendo el más letal del país para ejercer el periodismo.
En lo que va del año ya son tres los comunicadores muertos en la entidad. Y el caso de Roxana tiene un agravante que causa terror: en su secuestro y asesinato habrían participado cuatro policías municipales.
El Estado no solo falló en protegerla -algunos de sus elementos pudieron haber sido parte del crimen-.
La información oficial sobre su muerte se dio a conocer casi un mes después de su desaparición. La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, atrajo el caso ante la gravedad de los hechos y la evidente incapacidad de las autoridades locales.
El cuerpo de Roxana fue hallado calcinado dentro de un tambo, en un narco rancho del municipio de Moloacán. Los motivos reales del crimen siguen sin esclarecer.
Lo cierto es que la gobernadora Rocío Nahle no tiene responsabilidad directa en este ni en los demás asesinatos. Pero su actitud déspota y el desdén con el que trata a los periodistas han construido un clima de animadversión contra los medios que no puede ignorarse.
Lo confirmó ella misma cuando descartó públicamente que el secuestro y asesinato de Roxana estuvieran relacionados con su labor periodística.
La respuesta no se hizo esperar. Organizaciones como Artículo 19 exigieron que el ejercicio periodístico se investigara como línea prioritaria, y pidieron a la mandataria abstenerse de promover narrativas que estigmaticen a la víctima o desvíen las investigaciones.
También llamaron a garantizar un proceso exhaustivo y conforme a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Todo esto ocurrió en un contexto de violencia criminal sin freno en Veracruz, donde la disputa entre organizaciones delictivas marca el ritmo de la vida y de la muerte. Nahle ha sido incapaz de frenarla.
No es casualidad que sea la segunda gobernadora peor evaluada del país, solo detrás de su paisano, el zacatecano David Monreal.
Veracruz merece más. Roxana merecía más. Y la verdad sobre su muerte no puede seguir esperando mientras el mundo habla de futbol.
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CONFORME AVANZAN los días, el ambiente se tensa cada vez más en el proceso interno de Morena, como ocurre en Quintana Roo, donde existe una reñida disputa por la candidatura al gobierno estatal.
Aunque son dos mujeres –Marybel Villegas, diputada federal con licencia, y Ana Patricia Peralta, presidenta municipal con licencia de Cancún- y dos hombres -Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas, y Eugenio “Gino” Segura, senador con licencia-, todo indica que la competencia se reducirá a ellos.
Al parecer, ya existe un acuerdo para que Ana Paty se sume a Gino y este último se enfrente solo a Rafa. ¿Será?
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ALGO EXTRAÑO flota en el ambiente político de Baja California Sur. El pasado 25 de mayo, Carlos Alberto Beltrán, quien se desempeñaba como oficial mayor de Los Cabos, renunció al cargo.
Se explicó que su salida del gobierno petista de Christian Agúndez obedecía a una decisión personal, sin descartar la posibilidad de participar en los comicios de 2027.
Unos días después empezó a circular una supuesta ficha de búsqueda, pues nadie conocía su paradero. Hasta la fecha no se ha informado sobre su ubicación y han empezado a correr rumores; incluso, hay quienes aseguran que fue “ejecutado”, una versión que ni siquiera su exjefe Agúndez ha desmentido.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando un policía participa en el asesinato de un periodista, el Estado no falló: se convirtió en el problema”.
