Por enésima ocasión, mete orden la Presidenta en San Lázaro, donde se hacen bolas en torno a la Revocación de Mandato / Investigan a la empresa Transportes Lock por presunto manejo de operaciones con recursos de procedencia ilícita
La presidenta Claudia Sheinbaum frenó el desorden en San Lázaro: dio su aval para discutir la Revocación de Mandato en 2027, pero sin “albazos”.
La jugada exhibió las fallas de operación política de Morena y anticipa un choque con la oposición en un año ya saturado de comicios.
Pero no hay marcha atrás, sí o sí se encarrilarán modificaciones constitucionales para someter a votación el mandato en 2027.
La falta de comunicación de los legisladores guindas, encabezados (mas no dirigidos) por Ricardo Monreal, envió una mala señal.
La iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar no era nueva: se presentó el 18 de septiembre y pasó inadvertida hasta reactivarse hace unos días.
En San Lázaro circularon versiones de que se aprobaría el lunes; no ocurrió porque “alguien” la bajó.
Para entonces ya la promovían Dolores Padierna y Julio César Moreno, opositores al grupo de Monreal, quien el martes por la mañana la “congeló”.
Más tarde, el zacatecano, junto con Adán Augusto y el propio Ramírez Cuéllar, se reunieron con Sheinbaum en Palacio Nacional: llegó el jalón de orejas e instrucciones para ordenar la consulta ciudadana.
En la mañana del martes, la mandataria calificó la propuesta como positiva –se empataría con la elección intermedia y ahorraría recursos–, pero pidió no aprobarla al vapor y abrir un debate amplio.
La oposición rechazó el plan: ve intento de capitalizar la imagen presidencial y “salvar” a Morena.
Además, el mismo día de 2027 se renuevan 17 gubernaturas, la otra mitad del Poder Judicial, alcaldías y congresos locales: una sobrecarga para el electorado.
La salida razonable sería mover la elección judicial y procesar la revocación con reglas claras, no con reflejos de oportunismo.
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LA EMPRESA TRANSPORTES LOCK quedó en el centro de un escándalo: primero, la FGR, de Alejandro Gertz, abrió una carpeta por operaciones fraudulentas y presunto lavado de dinero; después, el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, y la CNBV, de Ángel Cabrera Mendoza, bloquearon activos e iniciaron una investigación sobre la ruta del dinero.
Todo obedece a que las autoridades detectaron operaciones simuladas sin infraestructura ni capacidad reales, por lo que la empresa fue sujeta al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que identifica y sanciona a contribuyentes que emiten CFDI por operaciones inexistentes.
Esa ingeniería de papel habría facilitado contratos y beneficios que no corresponden a su verdadera situación financiera. En paralelo, la CNBV bloqueó cuentas asociadas y extendió la investigación a socios y clientes, con posibles efectos en toda su red operativa; expertos advierten daño reputacional y riesgos para terceros vinculados.
La respuesta de Transportes Lock ha sido defensiva: niega los señalamientos y dice estar dispuesta a colaborar, pero la falta de transparencia y los indicios conocidos siembran dudas.
El caso reabre un debate inevitable: cumplimiento fiscal, prevención de lavado y regulación efectiva en el sector transporte. Si las autoridades sostienen la investigación, el mensaje será claro: la evasión y la simulación contable ya no son “costos del negocio”, sino riesgos penales y financieros.
A medida que el proceso avanza, el futuro operativo, la seriedad del servicio y la capacidad de competir de Transportes Lock quedan en entredicho. Objetivo oficial: desincentivar malas prácticas y promover el pago de impuestos conforme a actividad y capacidad económica.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando falta cabildeo, sobra sospecha”.
