Hay silencios que cuestan más que cualquier declaración. Durante meses, el gobierno estatal prefirió mirar hacia otro lado mientras el crimen organizado se acomodaba, poco a poco, en los pasillos del poder municipal. Hoy, esa comodidad se acabó de golpe
La detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, manda una señal política que no da espacio a la letra chiquita: la Federación entró directamente al Istmo, y la investigación podría alcanzar a un grupo con conexiones dentro del propio gobierno estatal.
Sánchez Altamirano mantenía una relación muy cercana con Emilio Montero, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, quien, a su vez, era uno de los principales “operadores” del gobernador Salomón Jara.
Decimos “operador” en sentido figurado, porque en el reciente conflicto magisterial que llegó hasta la CDMX, las autoridades federales responsabilizaron al gobierno de Jara por permitir que el problema creciera, generando un dolor de cabeza para Palacio Nacional.
Pero hay que decirlo con todas sus letras: lo de los maestros podría terminar siendo el menor de los males de Jara, porque la detención del alcalde juchiteco es apenas la punta de la madeja o el detonante de un problema que llevaba tiempo gestándose en el estado.
El gobierno de Oaxaca fue omiso y practicó su propia versión del “abrazos, no balazos”, pese a todas las denuncias previas. “Juchitán se cuece aparte”, decía el mandatario, y con ese silencio terminó pareciendo cómplice.
El 18 de septiembre pasado, un ataque a balazos contra la casa del artesano y activista muxe Elvis Guerra -diseñador de algunos atuendos de la presidenta Sheinbaum- fue atribuido al grupo delictivo vinculado con Sánchez Altamirano.
El gobernador solo atinó a decir que no habría impunidad ni encubrimiento. Para entonces, ya era secreto a voces que las estructuras del poder en Oaxaca habían sido tomadas por asalto, ante la mirada complaciente de quien debía evitarlo.
Ahora habrá que ver hasta dónde llega la investigación federal, y si alcanza a otros actores del “grupo Juchitán”, incluido el entorno del senador Antonino “Nino” Morales, cuya relación con Jara es de estrecha alianza y absoluta confianza.
En el organigrama oaxaqueño, Nino es considerado uno de los brazos más fuertes del gobernador y su operador político-territorial más importante.
En 2020, la UIF lo vinculó con la operación internacional “Agave Azul”, por sospechas de nexos financieros indirectos con grupos delictivos, y le congeló las cuentas, tanto personales como las del municipio de San Blas Atempa, del cual era entonces alcalde.
Morales rechazó las acusaciones, alegó persecución política y logró restablecer su estatus legal. Sin embargo, desde 2019 también lo han vinculado con el robo de combustible. Una hoja de servicios que no ayuda mucho al beneficio de la duda.
Lo relevante es que el expediente Juchitán ya dejó de ser un asunto exclusivamente oaxaqueño. La Federación, con Omar García Harfuch y el titular de la UIF, Omar Reyes, tomó el caso, y las acciones operativas se extenderán a otros municipios, caiga quien caiga.
Y ahí está, precisamente, la pregunta que Jara todavía no responde: ¿de verdad no sabía lo que pasaba en su patio trasero, o simplemente prefirió no verlo? Porque en política, la ceguera selectiva casi nunca es gratis, y el precio, cuando llega, suele cobrarse completo.
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ESTE FIN DE SEMANA se cumplen 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y el gobierno planea hacer un anuncio importante.
Se especula que la FGR, de Ernestina Godoy, podría ratificar las acusaciones contra el exgobernador Ángel Aguirre, por su presunta responsabilidad con el caso. La idea es ofrecer un chivo expiatorio para evitar crecer las protestas de los padres, previo al Informe de la presidenta Sheinbaum en la CDMX.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Entre los gobiernos y el crimen, el respeto al silencio ajeno es la complicidad”.
