La aviación mexicana atraviesa una etapa de incertidumbre marcada por decisiones políticas y conflictos internacionales que ponen en riesgo su estabilidad. La falta de inversión técnica, recortes y mala gestión regulatoria amenazan con frenar el crecimiento del sector
A juzgar por las decisiones tomadas por el gobierno, el futuro de la industria aeronáutica mexicana no parece tener grandes cambios en los próximos años.
Todo seguirá girando en torno a dos ejes: aumentar el tráfico de pasajeros y aerolíneas hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y fortalecer, a cualquier costo, a Mexicana de Aviación.
Esa es la política aérea que delineó López Obrador y que ahora continuará Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en el horizonte se asoman riesgos que podrían afectar el desarrollo del sector y costarle caro al país.
El más reciente es el conflicto en torno al acuerdo bilateral aéreo con EU, que derivó en la cancelación de la alianza entre Aeroméxico y Delta Airlines, efectiva a partir del 1 de enero de 2026.
El Departamento de Transporte de EU acusó a México de tomar decisiones arbitrarias al recortar los horarios de aterrizaje y despegue (slots) en el aeropuerto de la CDMX, afectando la oferta de aerolíneas estadounidenses. Además, señaló que la salida forzada de las de carga afectó a compañías norteamericanas.
La respuesta de México ha sido tibia y las autoridades insisten en que no hay violación al acuerdo bilateral y que las medidas no afectarán el tráfico aéreo. En otras palabras, México no piensa reconocer errores.
Este episodio evidencia uno de los múltiples descuidos de la Agencia Federal de Aviación Civil en los últimos años. A los señalamientos internacionales se suman denuncias por presuntos actos de corrupción en trámites de matriculación de aeronaves, asignación de rutas y permisos de operación.
Sólo hace poco se nombró como nuevo titular al capitán piloto aviador en retiro Emilio Avendaño, en un intento por recuperar credibilidad.
Otro riesgo latente es la posible pérdida de la categoría en seguridad aérea otorgada por EU, como ya ocurrió durante el sexenio anterior. Si la AFAC no recibe mayores recursos para capacitación técnica, auditorías, mantenimiento y actualización tecnológica, el país podría enfrentar más incidentes e incluso accidentes aéreos por incumplir con estándares internacionales.
Las malas noticias no sólo afectan a aerolíneas y aeropuertos –públicos o concesionados–, sino también a los pasajeros. Expertos advierten que no se trata del fin de la aviación en México, sino de una ralentización preocupante del crecimiento del sector, justo cuando el país tiene el potencial para duplicar su tamaño en los próximos años.
De mantenerse esta tendencia, México perderá competitividad frente a otros destinos internacionales y arrastrará a sectores clave como el turismo y los servicios. El riesgo no es que los aviones dejen de volar, sino que el país pierda el rumbo en una industria que debería ser sinónimo de progreso, no de turbulencia política.
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POCO O CASI NADA duró la estabilidad entre los integrantes del Tribunal Electoral, luego de que la magistrada Janine Otálora anunciara que dejará su cargo el próximo 31 de octubre.
De acuerdo con la Reforma Judicial reciente, tanto ella como quienes concluyen funciones en esa fecha podían permanecer hasta 2027, después de la segunda elección judicial. Sin embargo, Otálora decidió ceñirse a lo establecido en la ley anterior y confirmó su salida.
Quien podría seguir el mismo camino es su compañero Reyes Rodríguez, aunque hasta ahora “no ha dicho esta boca es mía”.
Con su salida, la Sala Superior se quedará sin una integrante y, por el momento, nadie sabe qué ocurrirá. Lo cierto es que el anuncio ya alborotó el gallinero en el Senado de la República, pues, aunque ya no es su facultad designar a las y los magistrados, más de uno intenta reclamar ese derecho como si nada hubiera cambiado.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La ley dice una cosa, los egos, otra… y el caos institucional lo firma el Senado”.
