La revisión del T-MEC dominará la agenda del cierre de año y el inicio de 2026, porque ahí se decidirá si México mantiene el acceso preferencial a los mercados de EU y Canadá o entra a una disputa de aranceles, reglas de origen más duras y mayor escrutinio
Medianamente superado el trauma por el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán y las protestas que siguieron, el Gobierno de México se prepara para una de sus batallas comerciales más intensas con Estados Unidos y Canadá.
En la recta final de este año y el inicio de 2026, la revisión del T-MEC dominará la agenda pública.
Los escenarios están abiertos: extensión del acuerdo, una renegociación áspera con Washington o incluso fraccionarlo para negociar por separado con cada socio. En todos los casos hay una constante: incertidumbre.
Ese desasosiego se alimenta de posibles modificaciones arancelarias y de que un gobierno de Donald Trump empuje nuevas regulaciones.
También podrían endurecerse las reglas de origen, elevando costos si las empresas reconfiguran cadenas de suministro; y crecer el control para evitar la triangulación, con inspecciones aduaneras más estrictas.
A lo anterior se suman reportes de la Casa Blanca que advierten sobre la falta de certidumbre jurídica derivada de la elección de ministros, jueces y magistrados, que podría amenazar inversiones y abrir frentes de disputa.
El sector energético agrava el cuadro: predominio de monopolios estatales, vaivenes regulatorios y freno a energías limpias.
Con este telón de fondo, la presidenta Sheinbaum trabaja a marchas forzadas para mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense. Esa es la meta.
Pero la tarea no es fácil, porque la balanza comercial es dispareja –México vende a EU cerca de 500 mil millones de dólares y compra alrededor de 340 mil millones–, lo que nos deja superávit, pero también nos vuelve cliente principal y blanco de ajuste. Trump buscará “emparejar” la cuenta y presionará para que más negocios “americanos” fluyan en territorio mexicano.
Parte del pliego de EU exige desmontar unas 50 barreras comerciales: desde trámites de Cofepris, debilitamiento de órganos como Cofece, hasta medidas ambientales como la protección de la vaquita marina. México, por lo pronto, “limpia la mesa” para llegar con argumentos, no con pretextos.
En ese contexto, la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, informó que en enero entregará a la Presidenta y al Senado de la República, que preside Laura Itzel Castillo, el documento con los resultados de consultas públicas en los 32 estados con sectores productivos y trabajadores: insumos para el mandato negociador.
Es la primera vez que se recaba, de forma amplia, el sentir empresarial y laboral para llevarlo a la mesa con EU y Canadá.
Si la delegación lo traduce en certidumbre regulatoria, metas verificables y una narrativa de nearshoring con energía limpia y Estado de Derecho, México podrá defender el T-MEC como plataforma de crecimiento; si no, la revisión será un torniquete que aprieta aranceles y oportunidades.
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DESDE LA CÁMARA DE DIPUTADOS anticipan que esta semana se desatará otra tormenta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, porque Morena impuso, “a la mala”, una iniciativa para reformar la Constitución a fin de que se lleve a cabo una consulta –en torno a la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum– durante las elecciones intermedias de 2027.
La bancada de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, no cabildeó el proyecto con la oposición que, de inmediato, “pegó el grito en el cielo” al considerar que el oficialismo busca que la mandataria aparezca en las boletas para apuntalar a un partido desvencijado.
El proyecto fue impulsado por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Dolores Padierna y Julio César Moreno, quienes argumentan que la reforma busca abaratar la democracia y evitar un doble gasto.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando la consulta va ‘a la mala’, la democracia sale muy cara”.
