- Audiencia fue cancelada por segunda ocasión; personal judicial está de vacaciones
- Son 12 los servidores públicos investigados por omisiones en trabajos periciales
- Fiscalía Anticorrupción judicializó el caso desde mayo, sin avances procesales
Audiencia cancelada por falta de citatorios
La audiencia de imputación contra 12 funcionarios señalados por omisiones en el caso del Rancho Izaguirre volvió a ser suspendida. Estaba programada para este lunes en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, pero no se realizó porque los implicados no fueron citados formalmente. La razón: el personal del Poder Judicial se encuentra de vacaciones.
A pesar de la falta de notificación oficial, los abogados defensores acudieron al recinto judicial en cumplimiento de la fecha que previamente habían conocido de manera informal. Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para la reprogramación.
Retrasos desde mayo
Esta es la segunda vez que la diligencia es cancelada. La primera estaba prevista para el 29 de mayo y fue suspendida sin explicación. Durante julio, las partes interesadas acudieron en repetidas ocasiones al tribunal en busca de información. En una de esas visitas, identificaron un documento que establecía el 4 de agosto como la nueva fecha, pero tampoco se concretó.
La Fiscalía Anticorrupción del estado judicializó el caso el 13 de mayo, tras encontrar posibles irregularidades en los peritajes forenses realizados en el predio de Teuchitlán, presuntamente utilizado como centro de adiestramiento criminal.
Funcionarios bajo investigación
El proceso penal involucra a agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos criminalistas y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Uno de los señalados ocupa un cargo con nivel de subdirección.
El fiscal Gerardo de la Cruz explicó que se busca esclarecer si hubo negligencia en la conducción de diligencias, manejo de evidencias y ejecución de peritajes. Señaló que al menos cuatro peritos no cumplieron con los protocolos, y también se investiga al coordinador del grupo.
“Desde el Ministerio Público tiene que haber una conducción precisa, y quien ejecuta las órdenes también tiene responsabilidad”, declaró el fiscal.
Sin acompañamiento de colectivos
De la Cruz también confirmó que hasta el momento no ha habido acompañamiento de colectivos de búsqueda ni de organismos de derechos humanos, aunque no descartó que puedan sumarse en etapas posteriores del proceso.
